Este jueves, la Comisión Europea envió una segunda carta de emplazamiento a España que amplía el expediente abierto contra las facultades discrecionales que diversas normas nacionales otorgan al Gobierno poder frenar operaciones como la opa de BBVA sobre Sabadell; Un paso con el que Bruselas se suma a los incumplimientos examinados el retraso en la aplicación de nuevas normas sobre requisitos de capital.

El caso se remonta a julio del año pasado, cuando el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España por dudas que iban desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas requiere un cambio profundo a si la intervención del Gobierno en la operación responde a una verdadera razón de interés general.

El Gobierno torpedeó la operación

Desde este medio se ha hecho un seguimiento casi diario de lo que estaba pasando con la opa de BBVA sobre Sabadell, con la intervención sistemática del Gobierno en esta operación. Aunque la CNMC autorizó la operación en mayo del año pasado, el Ejecutivo intervino en esta operación poniendo diversas trabas y endureciendo las condiciones.

Ya a mediados de octubre se confirmó el fracaso de esta operación tras sólo el 25,47% de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana habrían aceptado la ofertamuy por debajo del 50% necesario para tomar el control.

Ahora, servicios comunitarios confirman que desde que se inició el expediente sancionador España tampoco ha cumplido con su obligación de trasladar la nueva directiva a la legislación nacional sobre los requisitos de capital, que los Estados debían transponer a más tardar el 10 de enero.

Con eso, Bruselas amplía las infracciones detectadaspero mantiene el proceso en la primera fase del procedimiento formal (envío de carta de citación) que ofrece meses de diálogo a las autoridades nacionales con los servicios comunitarios para resolver la situación. Los expedientes sancionadores prevén dos fases más, siendo la siguiente la presentación de un dictamen motivado que dé más tiempo a la negociación y la tercera y última, la de sometimiento del caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que se pronuncie.

Las fusiones y consolidaciones bancarias son buenas para Europa

Específicamente, La Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco que establece la directiva de requisitos de capital, que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las entidades de crédito, «lo que refuerza las preocupaciones ya expresadas en la carta de emplazamiento de 2025».

«Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para lograr la unión bancaria. «Estas fusiones garantizan también que el capital se asigna eficientemente en toda la UE y que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión», defiende la Comisión en un comunicado al anunciar el envío de la carta.