España vuelve a estar en el centro de la atención de la Comisión Europeaesta vez para exigir más medidas contra la corrupción, entre otras cosas. Esto es lo que recoge su informe anual sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete Estados, donde Bruselas reconoce «algunos avances» en la materia. lucha contra la corrupción de alto nivelpero considéralos «límite» Y pide más reformas. Aunque se trata de recomendaciones políticas y no vinculantes, Los gobiernos no están legalmente obligados a cumplir.

Según el capítulo del informe sobre España, los servicios de la UE admiten que se han tomado medidas para reducir los retrasos en las largas investigaciones y procedimientos sobre corrupción de alto nivel, por ejemplo con un aumento de personal y cambios legislativos. Sin embargo, en opinión de Bruselas “Los desafíos persisten” y el proceso de estas reformas es lentopor lo que considera que no es suficiente.

Por ello, el Ejecutivo comunitario “recomienda a España que promover el proceso legislativo de revisión del Código Procesal Penal fortalecer el marco para las investigaciones y enjuiciamientos de casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras.

Por otro lado, la Comisión también critica los conflictos de intereses y la transparencia patrimonial de los altos funcionarios. En este sentido, considere que no se ha avanzado lo suficiente sobre «el refuerzo de las normas relativas a los conflictos de intereses y a las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios». Reconoce, no obstante, el Plan Nacional Anticorrupción, entre otras iniciativas, pero lamenta que «la aplicación práctica de la normativa actual no ha mejorado».

Además, Bruselas recomienda a España impulsar el proceso legislativo encaminado a reforzar la regulación sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio personas que ejerzan altas funciones ejecutivas y “garantizar la independencia y eficacia de las facultades de detección y sanción del órgano de control competente”.

Política y justicia

Sin embargo, el informe también aborda la situación de los políticos frente a los jueces. No es la primera vez que esto sucede, ya lo explicó en las dos ediciones anteriores, y en esta reitera la “Preocupación” entre jueces y profesionales del derecho por “declaraciones públicas de políticos”incluido el Gobierno, que critica determinadas decisiones judiciales.

El documento subraya que “los miembros del poder judicial, en particular el Tribunal Supremo, el CGPJ, los colegios de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen subrayando que Las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el sistema de justicia.«.

También menciona la información transmitida por la Corte Suprema sobre las acusaciones de “bien» y críticas personales dirigidas contra los magistrados“especialmente después de decisiones recientes de alto perfil”.

Bruselas pide críticas

La Comisión recuerda que, según los estándares europeos, la “crítica” forma parte del debate democrático normal. Pero advierte que «Los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el sistema de justicia.

“Del mismo modo, todos los órganos del Estado, ya sean ejecutivos, legislativos o judiciales, Deben demostrar respeto mutuo para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones constitucionales. y proteger la confianza que el público en general deposita en ellos”, concluye el informe.

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