La paradoja de este tirón de orejas a los Estados es que, precisamente, emana de una Comisión que está en el centro de las protestas de los agricultores comunitarios por su política de libre comercio -vía reducciones o exenciones arancelarias- y la competencia desleal que supone para ellos. Aunque la UE ya es una de las economías más abiertas del mundo, con más de 40 acuerdos firmados con más de 70 paísesEl Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen ha dejado claro que su estrategia pasa por seguir abriendo espacios comerciales. Está el pacto con los países del bloque Mercosur, que pretende ratificar en los próximos meses, o la incipiente entente con la India.

El caso es que cada negociación con terceros llevada a cabo por Bruselas ha sido tortuosa, y el mejor ejemplo de ello es el controvertido caso del Mercosur, ya que tuvieron que pasar veinte años de discusiones –con varias negociaciones en Bruselas– antes de que las dos partes pudieran acordar un texto. Y aún debe ser ratificado por las capitales, lo que promete ser difícil debido a la oposición de Francia. Precisamente, para intentar asegurar un sí de París, la Comisión añadió a última hora un cambio en la redacción para garantizar que las cláusulas de salvaguardia -el bloqueo de las importaciones cuando hay una bajada de precios en Europa- se activen rápidamente. El objetivo es evitar que se repita lo ocurrido, por ejemplo, con el mecanismo de salvaguardia previsto en el pacto con Camboya y Birmania, tan lento y engorroso que no ha impedido una invasión arrocera que, como ya explicó ABC, ha hundido al sector en España.

Es por eso La Comisión se jacta de que el acuerdo con Mercosur es cualitativamente superior a los pactos firmados hasta ahora, ya que contiene una serie de disposiciones, cláusulas y anexos para proteger a los agricultores europeos. Sin embargo, ¿qué sentido tiene imponer normas tan estrictas si las autoridades nacionales no garantizan su cumplimiento en los puertos?

El comisario Hansen no se ha referido a ningún país concreto, pero lo cierto es que los productores en España llevan tiempo quejándose. Un ejemplo paradójico es el Acuerdo Euromediterráneo con Marruecos, que establece que Rabat puede exportar 285.000 toneladas de tomates al año a Europa libres de aranceles, pero sólo si cuesta más de 46 céntimos el kilogramo. Como ya explicó este periódico, instituciones tan solventes como la Federación Española de Asociaciones de Productores de Hortalizas aseguran que estas cuotas no se respetan, y la prueba de ello es que en muchos mercados españoles el tomate marroquí se vende a menos de 46 céntimos el kilo. Según la organización agrícola COAG, en los últimos cinco años Marruecos ha dejado de pagar 71,7 millones de euros a los tesoros europeos por este fraude.

La otra pata de este problema es la importación de productos que son ilegales en Europa, ya sea por la forma en que han sido producidos o por las sustancias que contienen. En una carta abierta reciente, el presidente de Asaja, Pedro Barato, Puso como ejemplos el caso de la remolacha azucarera que proviene de Ucrania, que contiene neonicotinoides -prohibidos en la UE- o la carne vacuna argentina, que no debería ingresar a Europa si ha sido producida con hormonas de crecimientoy entra. Sin embargo, hay que recordar que las autoridades aduaneras europeas sólo inspeccionan el 0,0082% de los lotes que pasan por sus puertos (datos de la Comisión), lo que según Asaja explica este descontrol.

Una nueva aduana para centralizar las actuaciones de la policía de la UE

Durante su conversación con los periodistas españoles, Hansen se refirió específicamente al caso de las importaciones de vacuno: «Tenemos que ser más eficaces», afirmó. Y sobre el tomate marroquí, aseguró que ya ha recibido quejas en varios países. Sea como fuere, lo que está claro es que Bruselas quiere que se refuerce la vigilancia de sus fronteras, posiblemente porque quizás esto ayude a apaciguar el malestar del campo con su política comercial.

Dentro de esta estrategia se encuentra el proyecto de creación de una Autoridad Aduanera de la UE, organismo que centralizará la gestión de la inspección en frontera, incluyendo la creación de una plataforma conjunta que será utilizado por la policía de todos los países para compartir información. Sin embargo, en Bruselas hay quien piensa que hay que ir más allá y crear una entidad que supervise específicamente el cumplimiento de los acuerdos comerciales, en términos de cantidad y calidad de las importaciones. La eurodiputada del PP Carmen Crespo, defensora de la medida, la denomina «Oficina Europea de Importaciones».