La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha puesto manos a la obra para controlar la personas influyentes en españa. El regulador ha licitado un contrato por valor de casi 180.000 euros para identificar e investigar la publicidad encubierta de usuarios de gran impacto en Instagram, YouTube y TikTok.

Vigilancia sobre personas influyentes y sus potenciales prácticas comerciales irregulares a través de redes sociales y plataformas audiovisuales no es algo nuevo, sino que está impulsado por la acción legislativa del Gobierno.

Fue en 2024 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 444/2024 que obligaba a los usuarios de especial relevancia (UER) a registrarse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisualesidentificar claramente los contenidos publicitarios cumpliendo con las obligaciones de transparencia y etiquetar los contenidos por edades, entre otros aspectos.

La norma también definió las UER como aquellas personas influyentes que generan 300.000 euros o más al año (incluida la remuneración monetaria o en especie relacionada con su actividad en plataformas de vídeo), que tengan al menos un millón de seguidores en una plataforma o dos millones de seguidores combinados en varias plataformas y que hayan publicado o compartido al menos 24 vídeos en el año natural anterior, independientemente de su duración.

En este contexto, la organización liderada por Cani Fernández convocó el pasado 2 de febrero un concurso para contratar analistas que puedan realizar seguimiento y control de las actividades ilícitas de grandes personalidades en Internet.

Lo hace al ser la CNMC la encargada por ley de supervisar y controlar el correcto funcionamiento del mercado de la comunicación audiovisual.

Una lista mensual con el personas influyentes de Instagram, YouTube y Tik Tok

«El objeto del contrato es proporcionar la asistencia técnica necesaria para la elaboración de un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que cierto personas influyentes publicar en sus perfiles en plataformas para compartir vídeos, con el fin de detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas«, se extrae de los pliegos de licitación consultados por ECONOMÍA DIGITAL.

El contrato tiene un valor estimado de 178.998,74 euros y una duración prevista de 12 mesescon posibilidad de dos prórrogas de otros 12 meses cada una hasta un máximo de 24 meses.

Se trata de una licitación que se tramita mediante procedimiento abierto y se estructura en tres lotes, correspondientes a las plataformas de intercambio de vídeos Instagram, TikTok y YouTube.

El regulador establece tres servicios que deberán prestar los adjudicatarios del concurso. El primero es un servicio de consulta sobre personas influyentes y el contenido que han publicado en Instagram, YouTube y Tik Tok.

También deberán presentar mensualmente a la CNMC un listado de los principales personas influyentes y sus publicaciones en las plataformas antes mencionadas. La tercera y última tarea es la más importante, ya que consiste en el análisis de determinados contenidos publicados. «consistente en la detección de posibles comunicaciones comerciales no identificadas.»

La CNMC detecta más de 1.600 personas influyentes aquellos a monitorear

La CNMC explica que, desde la entrada en vigor de la normativa de la UER, ha llevado a cabo activamente diferentes acciones como identificar el número de usuarios que pueden entrar en esta categoría y, “posteriormente, mediante la investigación de los expedientes correspondientes”.

El regulador destaca haber identificado en este primer análisis aproximadamente más de 1.600 personas influyentes que podría considerarse como Usuarios de especial relevancia a quienes monitorear las redes.

Debido a este elevado número de agentes sujetos a supervisión y «con los recursos que tiene esta Comisión», la organización explica que no está en condiciones de realizar un análisis individualizado de cada una de las emisiones de estos agentes ni cuenta con el instrumental técnico especializado para realizar dicho trabajo.

Es por ello que abre el procedimiento de licitación pública para contratar los servicios de empresas o personas naturales que puedan realizar los trabajos de supervisión.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los lotes, adjudicándose un máximo de tres lotes al mismo postor. Los criterios de adjudicación incluyen el precio, con una ponderación del 45%, así como el alcance del proyectola metodología de trabajo y mejoras como ampliar el número de contenidos analizados o el plazo de disponibilidad de la información.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de febrero de 2026 a las 14:30 horas mientras que la apertura de propuestas técnicas y administrativas se realizará el 24 de febrero y la de ofertas económicas el 10 de marzo, en ambos casos de forma electrónica.