En el penúltimo consejo de ministros de junio se conoció el relevo de Cani Fernández, el todavía presidente de la CNMC, hasta que su sucesor, José Ganuza, supere los trámites administrativos pertinentes.

Pero unos días antes de su marcha, el 9 de junio, la presidenta presidió el pleno del consejo de la CNMC en el que se anunció el ‘Informe sobre la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el período 2025-2030 y sobre la modificación de aspectos concretos de la planificación 2021-2026’. Un documento en el que Competencia ha señalado algunas cuestiones críticas en el diseño de las infraestructuras españolas que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y ejecuta Red Eléctrica.

La planificación eléctrica para los próximos cinco años es fundamental; sobre todo, tras el apagón que vivió España el año pasado y que ha puesto en duda si la penetración e integración de las renovables puede acabar siendo un problema. Por lo tanto, este diseño debe ser muy cuidado para garantizar que la mezcla sea robusta, ágil y capaz de adaptarse al aumento esperado de la demanda eléctrica.

Ante este contexto, Competencia ha elevado al máximo sus exigencias como supervisor, y ha emitido un informe con unos mensajes muy duros hacia la planificación.

Entre estas llamadas de atención, la CNMC lanza un dardo envenenado al asegurar que «una implicación temprana y estructurada» del regulador permitiría, en línea con las mejores prácticas europeas, «validar preliminarmente los escenarios de demanda y generación, evaluar la coherencia de las hipótesis económicas y regulatorias, establecer criterios homogéneos de priorización y madurez de los proyectos, y asegurar la adecuada integración de instrumentos como las inversiones anticipadas, la gestión de capacidad o los mecanismos de conexión».

Una de las polémicas que ha dejado el apagón es si la CNMC se apresuró a actualizar determinadas normas. Algo que ha achacado Red Eléctrica. De esta forma, Competencia asegura que si pudiera intervenir antes «contribuiría a reforzar la robustez técnica del ejercicio de planificación, mejorando su trazabilidad y transparencia, y garantizando su compatibilidad con los principios de sostenibilidad económica y eficiencia regulatoria del sistema eléctrico».

Pero no es la única crítica en ese sentido. El informe señala que «ante las alegaciones de las comunidades autónomas, se requiere una mayor participación por su parte y una mayor transparencia de la propuesta inicial. En concreto, se considera aconsejable que la planificación 2025-2030 incorpore un desglose explícito de las inversiones por comunidades autónomas, diferenciando claramente aquellas actuaciones que forman parte de la red de partida de las que constituyen nuevas actuaciones propuestas para el horizonte de planificación».

En este caso, una de las comunidades más combativas ha sido Madrid, que ha insistido en todo momento en que necesita conectar la industria de los nuevos centros de datos, y está teniendo muchos problemas.

¿Planificación creíble?

Esta planificación es de vital importancia durante los próximos cinco años. Por ello, es fundamental que sea preciso en su dimensión, teniendo en cuenta que al final los costes recaen sobre los consumidores.

La CNMC recuerda que «la planificación se basa en escenarios de demanda que incorporan un margen elevado respecto a las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) e implican un crecimiento anual sostenido muy superior al registrado en el último año, sin que se haya desarrollado un análisis suficientemente consistente de los riesgos asociados a una materialización parcial o diferida de dicha demanda». Este axioma es un indicador de los planes de electrificación.

El regulador se atreve a decir lo que muchos agentes del sector energético piensan pero no siempre expresan. El informe sostiene que «el pleno despliegue de las inversiones previstas podría conducir a situaciones de subutilización de activoscon el consiguiente aumento de los costes del sistema. Este riesgo cobra especial relevancia ante el impacto retributivo acumulado de las inversiones en el periodo 2025-2030, que supera los 4.600 millones de euros en el horizonte 2027-2032, evidenciando la alta sensibilidad de la vía de peaje a desviaciones en las hipótesis de uso de la red.

Sin embargo, aquí la CNMC juega un papel activo en la retribución de las redes eléctricas, lo que le ha llevado a tener un litigio abierto con empresas energéticas que querían cobrar más por sus inversiones.

En cualquier caso, Competencia considera necesario “revisar el perfil temporal y volumen de las inversiones propuestas, reforzando la priorización de actuaciones en función de criterios de eficiencia económica, grado de madurez de los proyectos y contribución efectiva al sistema. Para ello, la planificación deberá considerar escenarios alternativos de demanda y mecanismos de modulación del despliegue de las inversiones, así como integrar de forma coherente los instrumentos regulatorios en tramitación o recientemente aprobados.

operador táctil

En esta labor de supervisión, la CNMC también envía un mensaje a Red Eléctrica. «Teniendo en cuenta que podría volver a producirse un desarrollo zonal de las renovables diferente al previsto en la planificación, el operador del sistema debería acometer un análisis con propuestas regulatorias en el ámbito del acceso y la conexión y del mercado que aseguren que esta anomalía no se vuelva a producir o, en su caso, plantearse cómo abordarla».

El operador del sistema lanzó hace unas semanas una revisión de la planificación actual y ha manifestado la necesidad de invertir hasta 600 millones de euros para mejorar el equilibrio de la red para que esté más equilibrada entre renovables y plantas tradicionales. Otro dardo a la necesidad de ajustar mejor el diseño para no hay otro susto con el suministro.