El proceso masivo de regularización de inmigrantes ilegales concluyó ayer martes 30 de junio, aunque eso no quita que no queden muchos temas por resolver.

El hecho de que las previsiones de aplicaciones se hayan quedado tan cortas (Se han registrado entre 1,2 y 1,3 millones frente a los 500.000 que preveía el Gobierno) ha provocado el colapso de los órganos de la Administración Pública dedicados a este proceso. Prueba de ello es que el propio Gobierno está pidiendo voluntarios para gestionar todas las solicitudes que aún quedan pendientes, pagando hasta 10 euros por cada expediente gestionado.

Así lo ha revelado la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios Públicos (CSIF) a través de un comunicado (que puede leerse aquí) en el que, además, exige al Gobierno que adopte medidas urgentes para procesar todos los archivos que aún están pendientes.

Los datos publicados por uno de los mayores sindicatos de trabajadores públicos son alarmantes, ya que explica que «Sólo medio centenar de funcionarios de la oficina de Vigo tendrán que resolver los cerca de 1,2 millones de solicitudes del extraordinario proceso de regularización de inmigrantes presentado».

10 euros a cada funcionario por expediente resuelto

Lo más llamativo viene cuando el CSIF afirma que “ante esta situación, la Secretaría de Estado de Migraciones ha propuesto a Política Territorial la participación de funcionarios de las Oficinas de Extranjería en el registro de las solicitudes de regularización. Se han solicitado voluntarios para gestionar todos los expedientes que no se podían introducir fuera del horario laboral en la plataforma ‘Mercurio’ (10 euros por expediente), pero el Ministerio de Hacienda aún no ha dado luz verde al gasto que supondría esta medida extraordinaria», continúan explicando.

Es decir, que Si el Ministerio de Hacienda da el visto bueno, el Estado gastará incluso más de lo que ya ha gastado durante todo el proceso de regularización de inmigrantes irregulares (pagando 10 euros a cada funcionario por cada expediente resuelto), pero esta vez por la falta de previsión y la incapacidad de dotar a la Administración Pública de los recursos necesarios para tramitar todas las solicitudes.

Ya se sabía que no habría 500.000 solicitudes

El hecho de que el número de solicitudes no iba a quedarse sólo en las aproximadamente 500.000 que gestionaba el Gobierno, pero superaría el millón, es algo que ya anunciamos aquí el 14 de abril de 2026cuando advertimos que más de un millón de solicitudes de regularización se harían directamente, según explicó Ibón Domínguez, de la Jupol.

De esta forma, y ​​según el CSIF, este proceso de regularización masiva de inmigrantes se le ha ido de las manos al Gobierno. No sólo se han más que duplicado las previsiones iniciales de solicitudes, sino que además la Administración Pública no estaba preparada para hacer frente a este volumen. Esta situación no es más que una prueba más de la improvisación a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno.