El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este lunes que unas 3.000 personas se han beneficiado de la Ley de Amnistía en el primeras 72 horas después de la promulgación del texto, el pasado jueves.

«En sólo 72 horas, aproximadamente 3.000 personas han sido directamente beneficiadas, favorecidas, por la Ley de Amnistía», afirmó en entrevista en el programa ‘A Pulso’ del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al tiempo que advirtió que esta cifra es preliminar y «puede crecer».

Indicó que este número incluye personas que fueron liberadas con medidas cautelares -como prohibición de salida del país o comparecencias periódicas ante los tribunales-, así como personas que permanecían encarceladas.

Según él, en el proceso de revisión y solicitud de casos también han participado las fuerzas policiales y militares, quienes «han entregado listas (de casos) para ser revisadas».

Horas antes, el diputado chavista Jorge Arreaza, que preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la amnistía, había estimado en 2.198 el número de personas beneficiadas por la ley, entre ellas 177 excarcelados y 2.021 personas con medidas cautelares, un récord que difiere del de Saab.

Arreaza, quien habló durante una reunión encabezada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, había asegurado que la comisión que encabeza ha recibido «más de 3.000 solicitudes» para la aplicación de la amnistía y que se siguen recibiendo solicitudes en «algunos» juzgados del país.

Según los registros de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, Al menos 65 personas han sido liberadas desde que se aprobó la amnistía el pasado jueves.

Por su parte, el diputado opositor Antonio Ecarri, que también es miembro de la comisión parlamentaria, afirmó este lunes que solicitará investigar a los jueces que retrasan la amnistía, después de que grupos sindicales denunciaran que los juzgados con competencia en terrorismo se negaron este lunes a recibir solicitudes relacionadas con la norma.

Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían ser excluidos de la ley, impulsada por el chavismo como medida de perdón para permitir la reconciliación entre sectores políticos de Venezuela, especialmente en torno a algunos episodios de crisis durante los gobiernos oficiales.

El Gobierno niega que haya personas detenidas en Venezuela por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, mientras organizaciones civiles defienden que estos presos son inocentes y han sido perseguidos por sus opiniones y acciones diferentes a las del Gobierno.

Según la ONG Foro Penal, más de 600 presos políticos siguen encarcelados en Venezuela.