Respecto a la segunda de ellas, su medida estrella es la moratoria antidesahucios, enmarcada en el nuevo Real Decreto Ley 2/2026, de 3 de febrero. La traducción legal de esta medida implica la suspensión de los procedimientos de desahucio en curso hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se declare la vulnerabilidad del inquilino.

Que quede claro: el principal problema es que traslada a los propietarios, -en su mayoría pequeños propietarios- la carga de cumplir el trabajo que la Constitución encomienda a la Administración. Esto produce una falta de protección judicial significativa por la ausencia de indemnización. Una medida que puede durar días, lo que genera un impacto negativo aún mayor.

Hay que considerar el perfil mayoritario de propietarios en España (93,4%): personas mayores que necesitan alquilar su vivienda para pagar una residencia o ayudar a otros familiares. Consulta el anuario 2025 del Observatorio del Alquiler.

Desgraciadamente, los poderes públicos han decidido ignorar su deber de facilitar viviendas sociales a los ciudadanos y promover la oferta a través de medios públicos o la colaboración público-privada. En cambio, transfieren su responsabilidad a los propietarios. Prueba de ello es que la indemnización que pagan los ayuntamientos en caso de suspensión de los desahucios es residual.

La Constitución española establece que los poderes públicos deben actuar bajo los principios de legalidad, seguridad jurídica y prohibición de arbitrariedad (artículo 9.3), garantizando el derecho a ser indemnizado por los daños causados ​​por la Administración (artículo 106.2).

Es crucial brindar seguridad jurídica a los propietarios y al mismo tiempo cuidar de las familias vulnerables. Ante la incertidumbre, los apartamentos se retiran del mercado, reduciendo la oferta ante la creciente demanda.

Entre los titulares, el Gobierno sólo ofrece paliativos: reubicación temporal en centros de emergencia o ayudas de emergencia que no garantizan la permanencia, ya que solo cubre la fianza y los primeros meses. Mientras tanto, se transfiere un sacrificio singular a particulares sin compensación, algo contrario al sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Irónicamente, la Ley de Vivienda reconoce que son los poderes públicos quienes deben facilitar la solución habitacional.

Carlos Sánchez Nieto es el responsable del área jurídica de Seguros de Alquiler.