Casi 200 asociaciones y formaciones politicas han enviado a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una carta en la que denuncian las palabras sexistas del juez david mamá benchimoltitular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, al considerar «que puede ser incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto a los ciudadanos y ausencia de estereotipos de exigencias de género de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, especialmente en materia de violencia contra las mujeres».

Por ello, solicitan «que recuerden la apertura de información previa o diligencia informativa determinar si los hechos podrían constituir una infracción disciplinaria» y que, «si se encuentran pruebas suficientes, proceder conforme a derecho para iniciar el correspondiente expediente disciplinario«.

También piden «que se adopten las medidas oportunas, dentro de la competencia del CGPJ, para reforzar la formación en igualdad, derechos de las víctimas y prevención de estereotipos en la jurisdicción especializada en violencia contra la mujer, en línea con el Convenio de Estambul».

En el escrito reflejan las declaraciones del juez, que actualmente investigando la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a un subordinado, publicado en exclusiva en laSextaen el que incluso afirmó en una presentación organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que algunas mujeres presentan denuncias para obtener rápidamente una orden de protección, hablando de «la búsqueda del orden».

También dijo que «se le han otorgado tantas ventajas a una mujer para presentar una denuncia» y que, en relación a los menores, la madre «hace el correspondiente lavado de coco». «Tales declaraciones no son ni neutrales ni meramente académicas.. «Proyectan una visión estereotipada de las mujeres que denuncian violencia y de las madres en procesos familiares o de violencia, al insinuar un uso instrumental de la denuncia y una supuesta manipulación materna de sus hijos e hijas», destaca el documento.

«En un órgano judicial especializado, ese discurso compromete objetivamente la confianza de las víctimas en recibir protección libre de prejuicios. El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, vinculan a todos los poderes públicos», señala.

Además, recuerda que la Constitución establece que «los poderes públicos Deben promover la igualdad para que sea real y efectiva; prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo; y dispone que la justicia sea administrada por jueces y magistrados que sean «independientes, inamovibles, responsables y sujetos únicamente al Estado de derecho».

La carta también hace referencia al Convenio de Estambul, «que obliga a España a erradicar prejuicios y prácticas basadas en la inferioridad de la mujer o en roles estereotipados; reforzar la formación de profesionales que atienden a víctimas en igualdad, derechos de las víctimas y prevención de la victimización secundaria; y garantizar que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo sin demoras injustificadas y con respeto a los derechos de la víctima.»

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