CCOO exige garantías para la plantilla de La Pau tras su entrada en concurso de acreedores
CCOO de Catalunya ha exigido “garantías absolutas” para la plantilla de Grup La Pau después de que la cooperativa de ambulancias haya entrado en concurso de acreedores, apenas unas semanas antes de empezar a operar junto a Direxis uno de los principales lotes del nuevo contrato de transporte sanitario de Catalunya. El sindicato reclama que cualquier operación empresarial que afecte a la compañía garantice la subrogación íntegra de los trabajadores, sin pérdida de derechos, antigüedad ni condiciones económicas.
[–>[–>[–>La organización sindical ha expresado su preocupación por el impacto que la situación concursal puede tener sobre los centenares de profesionales que forman parte de la plantilla de la cooperativa. Según CCOO, los trabajadores del transporte sanitario han demostrado durante años su compromiso con un servicio esencial para la ciudadanía y no deben asumir las consecuencias de las dificultades financieras ni de una mala gestión empresarial ajena a su responsabilidad.
[–> [–>[–>La reacción del sindicato llega después de que Grup La Pau, fundada en Badalona en 1983, solicitara el concurso de acreedores el pasado 21 de mayo. El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona dictó el auto de declaración de concurso el 1 de junio y nombró administrador concursal a RCD Concursal, SLP, con el letrado Jordi Albiol Plans como responsable del procedimiento. Fuentes cercanas a la empresa cifran el agujero total de la cooperativa en más de 32 millones de euros.
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Ese mismo 21 de mayo, Direxis Salud, la rama de transporte sanitario del grupo Direxis-Tusgsal, presentó una oferta vinculante de 15,4 millones de euros para adquirir la unidad productiva de La Pau. La propuesta contempla la incorporación de los 484 trabajadores necesarios para la prestación del servicio, con reconocimiento de su antigüedad, así como la asunción de parte de la deuda que la cooperativa mantiene con Tusgsal.
[–>[–>[–>Para CCOO, esta operación debe ir acompañada de garantías jurídicas y laborales suficientes para evitar que la plantilla se convierta en la principal perjudicada. El sindicato reclama que la subrogación se realice en los términos previstos por la normativa laboral y el convenio colectivo aplicable, y que se asegure la continuidad del empleo y del servicio.
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El caso adquiere especial relevancia porque La Pau forma parte, junto a Direxis, de la UTE adjudicataria del Lote 8 del Ámbito Metropolitano Nord del contrato de transporte sanitario del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Se trata del lote de mayor dotación económica del sistema catalán, con un valor superior a los 381 millones de euros y una duración de cinco años. El contrato afecta a un servicio público esencial en el área metropolitana norte de Barcelona.
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[–>CCOO también ha pedido a la Generalitat y al SEM que refuercen los controles de solvencia económica, financiera y operativa en las adjudicaciones públicas. El sindicato considera especialmente preocupante que una empresa que acumulaba dificultades económicas acabara formando parte de un contrato público de gran magnitud económica y social.
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En este sentido, la organización recuerda que durante el proceso de adjudicación la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat emitió un informe desfavorable y advirtió de un patrimonio neto negativo de 646.652 euros. Finalmente, el SEM consideró que la empresa cumplía los requisitos exigidos para concurrir al concurso.
[–>[–>[–>La expansión al País Vasco
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La situación de La Pau se arrastra desde hace tiempo. La cooperativa, nacida hace más de cuatro décadas con trece personas y dos vehículos, creció hasta convertirse en una empresa de referencia del sector, con contratos con el SEM, el CatSalut y distintas mutuas. Sin embargo, su salto de escala al País Vasco en 2020 acabó agravando sus problemas. En cuatro años acumuló más de 55 actas de la Inspección de Trabajo por irregularidades y el Gobierno vasco rescindió el contrato en noviembre de 2024 por “deficiente gestión”.
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Fuentes conocedoras de la situación aseguran que la cooperativa llevaba más de un año retrasando pagos antes de solicitar el concurso. Hace dos años, unos 55 nuevos cooperativistas se incorporaron a la empresa aportando 40.000 euros cada uno, de los cuales 10.000 fueron a fondo perdido. La inyección, sin embargo, no bastó para compensar unas pérdidas acumuladas superiores a nueve millones de euros entre 2021 y 2024.
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CCOO sostiene que las administraciones públicas deben velar no solo por la eficiencia económica de los contratos, sino también por su viabilidad a largo plazo, la continuidad de los servicios y la seguridad laboral de quienes los hacen posibles. El sindicato asegura que seguirá de cerca la evolución del proceso concursal, en coordinación con la representación legal de la plantilla, para garantizar todos los derechos laborales y la continuidad de un servicio esencial.
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