CENTRALES NUCLEARES | El Gobierno exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy que se pongan de acuerdo entre ellas antes de renegociar el cierre de nucleares
El Gobierno y las grandes eléctricas de momento no se han sentado a negociar ningún cambio en el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares. Y el Ejecutivo no lo hará hasta que las compañías energéticas hagan una propuesta formal y concreta que cumpla unos mínimos que permita sentarse para empezar a dialogar. La primera condición que plantea el Gobierno a Iberdrola, Endesa y Naturgy es que primero se pongan de acuerdo entre ellas sobre qué hacer con las nucleares y que presenten una propuesta de consenso.
Iberdrola y Endesa remitieron hace casi un mes una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. La carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, pero no por Naturgy ni EDP, las otras dos eléctricas que suscribieron en 2019 el protocolo que establece el calendario de cierre de las centrales y que son accionistas minoritarios en varios reactores. Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno, en virtud de la regulación de las denominadas asociaciones de interés económico (AIE) como las que gestionan las centrales.
“Sin un acuerdo previo de todas las eléctricas, no hay nada que negociar”, advierten fuentes conocedoras de la posición firme al respecto del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen. Las decisiones estratégicas sobre las plantas nucleares han de tomarse por unanimidad con independencia del peso accionarial de cada eléctrica en cada reactor.
La línea roja de los impuestos
Endesa e Iberdrola también reclamaban en su propuesta una rebaja de impuestos y otras facilidades económicas como condición para la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Una exigencia que el Gobierno también rechaza. El Ejecutivo, de hecho, entiende que la carta de hace un mes de las dos eléctricas era una mera “declaración de intenciones” y avisa de que el planteamiento de las compañías “no cumple las tres líneas rojas” exigidas por el propio presidente Pedro Sánchez para tramitar una eventual petición formal para la prórroga de las licencias de explotación de las centrales nucleares.
El Gobierno ya había adelantado que tramitará y estudiará la solicitud de prórroga de Almaraz o de otras centrales si las eléctricas las presentan formalmente. Lo hizo el propio Sánchez en el Congreso de los Diputados, pero advirtiendo de que primero tenían que ponerse de acuerdo las propias compañías y, después, que su propuesta cumpliera determinadas condiciones: que ampliar la vida de las nucleares fuera seguro, que fuera necesario para la seguridad de suministro y, además, que no supusiera un sobrecoste para los consumidores.
Como Iberdrola y Endesa exigen una revisión a la baja de los impuestos de las nucleares, el Ejecutivo entiende que no se cumplen las líneas rojas planteadas porque el plan de las eléctricas implicaría cargar a los ciudadanos costes que ahora asumen las compañías propietarias de las centrales. Las eléctricas han venido defendiendo que para prolongar la vida de las centrales es condición imprescindible una rebaja de impuestos, porque aseguran que la carga fiscal actualmente les impide ser rentables. Pero el Ejecutivo rechaza este recorte de los impuestos porque implicaría trasladar al recibo de la luz que pagan todos los clientes los tributos y las tasas que ahora asumen las propias compañías eléctricas, a razón de unos 1.500 millones de euros al año.
“De momento hemos recibido una carta de intenciones firmada solo por Endesa e Iberdrola, en la que se piden condiciones económicas, con rebajas de la fiscalidad tanto de la Administración General del Estado como de la autonómica. Y también hay otras peticiones, unas relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos que hace Enresa y otras vinculadas a que las inversiones que pida el Consejo de Seguridad Nuclear [para mantener abiertas las centrales] No pueden estar muy altos. Eso no cumple con las condiciones que pone el gobierno «, dijo el vicepresidente Aagesen en una entrevista con el periódico». Para el gobierno, la premisa es que lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear debe cumplirse con la mesa. No puedo comprometerme con nada sobre lo que pregunta el Consejo de Seguridad Nuclear ”, dijo.
La “asfixia” fiscal de Almaraz
La propuesta de Endesa e Iberdrola contemplaría revisar el calendario de cierres programado de la mayoría de los reactores, empezando por el retraso de hasta 2030 de la clausura de la central de Almaraz, cuando el fin de las operaciones de sus dos reactores están previstos para 2027 y 2028. Sin embargo, el planteamiento de ambas compañías pasa por no retrasar el apagón definitivo de todos los reactores y que la última de las plantas en cerrar lo siga haciendo en 2035 como está programado hasta ahora.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han venido trabajando en una propuesta para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la central de Almaraz, con la idea de prolongarla hasta 2030 porque es el “consenso mínimo” entre los tres socios. En un primer lugar, las compañías preparan la aprobación inminente de un plan de inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento, y posteriormente se presentaría una petición formal de prórroga de la licencia de operación. La próxima junta de socios de Almaraz sigue sin fecha de convocatoria, y aunque se prevé en principio que se celebre este julio, no se da por completamente seguro.
En el caso de la central cacereña, Iberdrola es el accionista mayoritario con un 52,7%, pero ha de adoptar por consenso las grandes decisiones con Endesa (con el 36%) y Naturgy (con el 11,3%). Pero las decisiones han de adoptarse por unanimidad. Algunos de los socios calculan que disponen de plazo como máximo hasta marzo de 2026 para presentar la solicitud de prolongar la vida de Almaraz, dando por hecho que la obtención los permisos del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tardaría 18 meses y les permitiría llegar a tiempo de evitar el cierre de Almaraz I en su fecha prevista, en noviembre de 2027. Fuera de ese plazo, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ese es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central.
A la espera de que las tres compañías propietarias de Almaraz avancen hacia una petición formal para prolongar su vida operativa, desde el sector eléctrico se alerta de que la “situación tributaria de la central sigue siendo de asfixia”, debido al alza del 30% de la tasa de gestión de sus residuos radiactivos aprobada por el Gobierno y porque la Junta de Extremadura no se presta a bajar la ecotasa autonómica que paga la planta. Una ‘asfixia’ que fuentes del sector apuntan como causa de las paradas de actividad de Almaraz en los últimos meses por no poder cubrir los costes operativos cuando el precio del mercado eléctrico se hunde a cero euros o incluso cotizaciones negativas. Tras el histórico apagón del 28 de abril, desde el sector también se recuerda la capacidad de la nuclear para aportar estabilidad al sistema eléctrico y hacerlo sin emisiones de CO2 y con precios más baratos que las centrales de gas.
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