«Existen serios riesgos de viabilidad en el futuro», denuncia Igualis, la patronal de centros de empleo; «Esto no será sostenible indefinidamente», advierte la patronal de empresas de cuidados de larga duración; «La mitad de los contratos quedan desiertos o sólo tienen un postor, pero tendrían que quedar más contratos desiertos», afirma la asociación de empresas de gestión de servicios deportivos. Las restricciones impuestas por la Ley de Contratos del Sector Público y la puntuación de la Ley de Desindexación, que dificulta enormemente la actualización de los contratos públicos a la evolución natural de los costes, han llevado a una situación límite al sector de servicios esenciales, que integra decenas de miles de empresas, la mayoría pequeñas, y que emplea a 1,5 millones de personas.

«Hay tantos contratos desiertos porque somos incapaces de prever los costes que vamos a afrontar en el futuro», afirmó este lunes el presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral (AMI), Alberto López, en una sesión parlamentaria organizada por Alianzas, la plataforma que ha agrupado a una decena de organizaciones empresariales del sector de servicios esenciales para forzar un cambio regulatorio que permita sobrevivir a las entidades del sector, hoy asfixiadas por un entorno regulatorio que las lleva casi inexorable a las pérdidas.

El problema es que las empresas de estos sectores, todos ellos intensivos en mano de obra, que suele representar entre el 50% y el 85% de sus costes totales, recurren a contratos públicos, que tienen unas condiciones de licitación que en el momento de su adjudicación ya han quedado obsoletas. ¿Porque? Porque los costes laborales que se fijaron en su momento no tuvieron en cuenta las posibles subidas del SMI, ni las actualizaciones del convenio, ni las subidas de las cotizaciones sociales que pudieran venir después y la ley habilita a la administración pública de turno, ya sea el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento, a no actualizar los contratos según esos contratos reglamentarios, de modo que esos costes recaen en el margen, ya de por sí estrecho, de la empresa adjudicataria.

El presidente de Alianzas, Javier Sigüenza, entiende que esta práctica no tiene sentido en empresas cuyo principal coste es el personal, porque supone un desequilibrio casi sistemático de las contrataciones, y menos en un segmento que presta servicios tan críticos para una sociedad. «Todo ello se traduce en el empeoramiento de la calidad del servicio y en el peor de los casos en el abandono del contrato», denunciaron este lunes los portavoces de las patronales afectadas.

El asunto es tan grave que incluso los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., se han sumado a las organizaciones empresariales en su lucha para que el Gobierno cambie la ley para evitar esta deriva.