Mientras el Gobierno sigue negando el grave problema que existe en España con la okupación, los casos siguen creciendo cada día. Hacia Mega okupación de un edificio de alquiler de obra nueva en Carabanchel Son miles los casos llevados a cabo por okupas en toda España, algunos verdaderamente sangrientos. Entre ellos, el que sufre desde hace cinco años. Pilar, una viuda a la que incluso le han embargado parte de su pensión por no poder pagar las facturas del agua de la mujer marroquí a la que quería ayudar y que acabó arruinando su vida.

«No sólo me debe más de 23.000 euros de alquiler, sino que además los propietarios tienen que seguir pagándoles los suministros mientras se ríen en nuestra cara, y esto no puede ser», afirma indignada. «Como decimos aquí en Galicia, no se sabe. Puede desnudar a un Santo para vestir a otro. No es mi responsabilidad lo que haga esta señora, porque a nadie le importa si tengo para comer.«.

Como muchos otros afectados, Pilar insiste en que es el Estado el que debe decidir si quiere o no ayudar a quienes considera vulnerables, pero «no puede convertir a los individuos en su escudo social». Por ello, exige al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios que deroguen la Controvertido decreto antidesalojos lo antes posible; un decreto que, además, no aborda injusticias que claman al cielo.

«Mi inquieto okupa Ha rechazado hasta tres viviendas que le han ofrecido Servicios Sociales —explica mientras nos muestra el documento que lo corrobora. ¿Y no es eso motivo más que suficiente para que el juez la eche de mi casa? ¿De verdad tengo que seguir aguantando que se ría de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Encadenarme en la corte? ¿Dispararme? Porque ya todo te pasa por la cabeza, porque Esto, psicológica y emocionalmente, te deja en la mierda. —dice sin rodeos—. ¿Quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones? Ya te lo dije: nadie.»

Cuando la solidaridad tiene un precio

Su historia se remonta al año 2019. “Esta mujer apareció con su hija, que en ese momento tenía 11 años, y Nos dijo que, como era marroquí, nadie le alquilaba una casa.así que como mi marido era muy sensible decidió alquilárselo para 370 euros al mes«, recuerda Pilar. El precio era ridículo para un piso situado en el centro de La Coruña, y más si se tiene en cuenta que, como señala el propietario, acababan de reformar completamente el piso. «Calefacción y todo. Todo nuevo”, subraya.

En enero de 2020, sin embargo, perdió su trabajo y comenzaron los problemas. «La Xunta de Galicia le pagó tres meses, pero luego dejó de pagar», explica Pilar, que incluso cuando murió su marido -en mayo de ese mismo año- le dio una segunda oportunidad. «Como había firmado el contrato con él, me pidió que le hiciera uno a mi nombre y acepté», lamenta. Lejos de agradecerle, aprovechó la situación e incluso la enfrentó. «Siempre traté con tu señor, tu señor ya no está aquí y ahora No puedo pagarte y no voy a pasar por debajo de un puente con mi hija.«, le dijo.

Pilar, que acababa de enviudar y sólo contaba con su pensión para sobrevivir, intentó hacerle entender que su situación tampoco era fácil. «Mirar, Ya estoy sola, necesito el departamento o que me pagues, pero si no, te tienes que ir«, explicó de la mejor manera posible. El dueño contaba con él para resistir, pero no con lo que realmente pasó: «Ella literalmente me dijo ‘te voy a arruinar la vida y no te voy a pagar’. y no me voy a ir.’ , y llevamos cinco años en este camino».

¿Una persona vulnerable?

Desesperada, ya en 2021, Pilar la denunció por falta de pago. Mientras tanto, descubrió que estaba funcionando y la contactó para preguntarle si iba a empezar a pagarle todo lo que le debía, pero eso sólo sirvió para empeorar las cosas. «Su respuesta fue que, si la volvía a llamar, me denunciaría y que, mientras el juez no lo ordenara, no me pagaría nada».

Finalmente, la Justicia falló a favor de Pilar y fijó fecha de liberación. Sin embargo, su ya preocupado okupa se declaró vulnerable aprovechando el polémico decreto antidesalojos aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2022, incluso Servicios Sociales comprobó que ya estaba trabajando y ganando un salario de 1.100 euros y que, por tanto, no estaba «en la misma situación de exclusión social», pero eso tampoco ayudó.

Ni siquiera el hecho de que esos mismos profesionales certificaran que le habían proporcionado todo tipo de ayudas económicas e incluso varias alternativas de vivienda hizo cambiar de opinión al juez. «Hubo varias viviendas ofrecidas, visitadas y vistas y todas ellas fueron rechazadas por el interesado», se lee en el informe al que ha tenido acceso. Mercado libre.

Arruinado y desesperado

«Y nadie le obliga a irse. Nadie la echa. El juez no hace nada y yo no puedo más», insiste Pilar entre rabia y desesperación. Ella misma ha presentado un informe certificando que su propia situación también ha cambiado y que, Por motivos de salud necesita el apartamento para vivir cerca de sus hijos.pero tampoco es una razón de peso. «He reconocido la Ley de Dependencia y tengo un informe de Servicios Sociales en el que dice que mi hijo sería mi cuidador y vive a 50 kilómetros de mí, pero el juez ni lo mira», se queja.

Por si fuera poco, además de no poder recuperar su piso ni recibir un solo euro por él, la propietaria tiene que seguir pagando la tasa de basura y el agua consumida por su inquilino, facturas que le han costado el embargo. «Me debe más de 23.000 euros sólo por el alquiler, pero también hay una Deuda de más de 1.000 euros por el agua el cual me negué a pagar, porque estoy harto de no cobrar nada y pagar todos los gastos de ese piso: comunidad, seguros, agua, basura, derrames… Todo. Todo a cambio de nada. Y nunca tuve deudas a mi nombre, siempre fui una persona dócil, pero llega un momento que ves que se ríen de ti», justifica indignada.

El problema es que las consecuencias no las sufre su inquilina, sino ella: «El Ayuntamiento de La Coruña me obliga a pagar el canon del agua, que lo han separado de la factura, así que En diciembre recibí el primer embargo. de la pensión». El inquieto okupa le pide ahora 10.000 euros para marcharsepero Pilar ni se lo plantea: «Para empezar, porque no los tengo, y no voy a pedir un préstamo para pagarle a este sinvergüenza que lleva cinco años riéndose de mí».

El mensaje al Gobierno

Sin embargo, la titular acude directamente al Gobierno para ponerse en su lugar y darse cuenta de que, lo sea o no, el peso de ayudar a una persona vulnerable nunca puede recaer en un particular: «Soy una persona mayor que vive de una pensión , un pequeño propietario que solo tiene un piso en alquiler que me tienen confiscado desde hace cinco años. He llamado a todas las puertas y todo son buenas palabras, pero nadie hace nada y no tengo que cargar con una. familia que no es mía ni para sustentar a una señora que tiene. 40 años y ella tiene edad para trabajar y ganarse la vida. ¿Por qué tengo que mantenerla y es más durante todo este tiempo? Nunca ha tenido voluntad de pagar, porque podría haber dicho ‘no te puedo pagar todo, pero te lo pagaré’ y nunca lo ha hecho.«.

En este sentido, Pilar también recuerda que, aunque el Gobierno asegura que hay una partida para compensar a los propietarios, el dinero nunca llega: «Lo he pedido y me dicen que ¿No hay dinero para pagarme, pero sí hay dinero para pagarle a esta mujer por toda la ayuda que recibe? Esto es verdaderamente indignante. Precisamente por eso, esta gallega ha fundado, junto a otros afectados Aprovij, la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídicaalgo que no sólo arruina a cientos de propietarios en toda España, sino que también dificulta cada vez más el acceso a la vivienda en alquiler. «Porque insisto: ¿quién va a querer alquilar su piso en estas condiciones?».