Clima, ciudad y capital: el nuevo triángulo estratégico
Las ciudades concentran la mayor parte de la actividad económica global y también Una proporción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor de las tres cuartas partes de las emisiones globales están asociados con el consumo urbano de energía y recursos, desde la construcción hasta la movilidad, a través del agua, los desechos y la logística urbana.
Esta realidad hace de las ciudades un espacio crucial para lograr objetivos climáticos globales, pero también en un escenario privilegiado para El despliegue de capital orientado a la transición.
Invertir en la descarbonización urbana no es solo un imperativo ambiental, es una decisión con la lógica financiera. Las inversiones en eficiencia energética, electrificación de movilidad, rehabilitación de edificios o renovación de la infraestructura urbana generan rendimientos tangibles y medibles: desde la reducción del gasto energético hasta la mejora de la salud pública, a través del aumento de la productividad urbana y la revaluación de los activos.
El Banco Mundial estima que cada euro invertido en infraestructura baja y baja de carbono puede generar hasta 4 dólares en beneficios agregados.
Sin embargo, Los costos de inacción también son significativos. La exposición urbana a riesgos físicos, como ondas de calor, inundaciones o degradación ambiental, puede conducir a pérdidas patrimoniales, aumento del seguro y pérdida de bienes raíces.
La transición a la neutralidad climática en las ciudades requiere movilizar recursos a gran escala
Por su parte, la persistencia de los modelos urbanos que dependen de la energía fósil genera costos ocultos, como la pobreza energética, la congestión o la contaminación del aire, con impactos negativos en la productividad y el gasto de salud.
La transición hacia la neutralidad climática en las ciudades requiere movilizar recursos a gran escala. Una ciudad promedio necesitará entre 10,000 y 30,000 millones de euros a 2050 para cumplir con su hoja de ruta climática.
Esto significa movilizar entre 400 y 1,200 millones anuales en promedio, con una ruta de inversión creciente. No es un objetivo fácil, pero eso es económicamente viable, hace que algo sea más factible.
¿Pero quién debería actuar? La respuesta no es un actor único, sino una arquitectura compartida. Los municipios tienen competencias en activos estratégicos. (Edificios, iluminación, flotas, tierras) y pueden liderar con inversión directa, como lo demuestran las grandes ciudades sostenibles por grandes ciudades como París o de tamaño mediano, como Uppsala.
Además, pueden movilizar el sector privado a través de la regulación, la contratación o la concesión. Las compañías de desechos, agua o transporte pueden verse obligadas a incorporar tecnologías de baja emisión, como recolección inteligente, biogás o electrificación de flota. Cities como San Sebastián han comenzado a implementar estas demandas en sus nuevos contratos.
La descarbonización urbana es, en resumen, una oportunidad para reposicionar el papel de la ciudad en la economía global, no como un espacio pasivo frente a la crisis climática
La colaboración con Innovative Business Fabric es otro eje clave. El apoyo a las nuevas empresas que ofrecen soluciones digitales para eficiencia, nuevos modelos de movilidad o tecnologías constructivas sostenibles permiten acelerar la descarbonización y generar la economía local.
Esto se puede hacer a través de centros urbanos como el Hub Impact Berlín: tecnología climática, contratación pública innovadora o acceso temporal al estacionamiento público de vehículos eléctricos.
Del mismo modo, el Ayuntamiento puede guiar el comportamiento del mercado a través de incentivos y restricciones: los permisos de construcción condicionados al rendimiento energético, bonificaciones en el IBI o áreas de baja emisión ya son herramientas consolidadas en muchas ciudades europeas.
Para que este equipo funcione, es necesaria una convergencia real entre el sector público y las agendas de capital privado. El diseño de instrumentos financieros adecuados, desde bonos verdes hasta mecanismos de financiación con garantía pública, debe facilitar la participación de inversores institucionales, entidades de crédito y aseguradoras.
La claridad regulatoria, la calidad de los proyectos, la medición del impacto y la estabilidad política están permitiendo condiciones canalizar los flujos de inversión a la transición urbana.
Numerosos estudios de la OCDE o BEI están de acuerdo en que las ciudades que lideran esta transformación Atraerán más inversión, generarán más empleo y ofrecerán una mayor calidad de vida.
La descarbonización urbana es, en resumen, una oportunidad para reposicionar el papel de la ciudad en la economía global, no como un espacio pasivo frente a la crisis climática, sino como un agente activo de cambio, capaz de convertir la inversión sostenible en un nuevo contrato social urbano.
En este contexto, para los inversores, gerentes públicos y entidades financieras, la pregunta clave no es si deberían participar en esta transición. La pregunta es cómo anticiparcolaborar y liderar un proceso inevitablePero esa también es una oportunidad para revaluar los activos, reducir los riesgos y generar valor con el tiempo.
Porque, después de todo, las ciudades no solo deben adaptarse al clima, sino también al capital. Aquellos que saben cómo alinear la ambición climática con la lógica financiera serán más atractivos, más resistentes y más prósperos. Y también serán los que marcan el paso de la economía urbana en el siglo XXI.
*** Ricardo Pedraz González es profesor de AFI Global Education.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí