La aprobación de la adenda al Plan de Recuperación y Resilienciaque repasa los hitos comprometidos por España con la Unión Europea, ha reabierto el debate sobre el marco legal que regula el urbanismo y el acceso a la vivienda. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de mantener paralizada la reforma de la Ley del Suelo, una medida que el Ejecutivo justifica tras la creación de la nueva entidad pública Casa 47, encargada de gestionar el suelo y promover la vivienda asequible.

La patronal sostiene que el cambio de rumbo del Gobierno No sólo no soluciona los problemas estructurales del mercado residencial, sino que puede comprometer la llegada y correcta ejecución de los fondos europeos. Dependiendo del sector, Seguridad jurídica y planificación a largo plazo son exigencias que Bruselas vigila con especial atencióny que España no puede permitir que se deteriore a menos de un año y medio del final del ciclo de financiación extraordinaria.

Casa 47 no sustituye a la reforma agraria, según el sector

La CNC rechaza frontalmente la idea de que la nueva empresa pública sea suficiente para cubrir los objetivos que se perseguían con la reforma urbanística bloqueada en el Congreso. En su opinión, La escasez de vivienda y la falta de suelo disponible no se solucionan creando un gran operador estatalsino agilizando los procedimientos administrativos que impiden que los proyectos se desarrollen en plazos razonables.

La organización recuerda que España necesita construir al menos 220.000 viviendas al año para corregir el déficit acumulado, una cifra muy alejada de la capacidad actual del mercado. En este contexto, Renunciar a actualizar el marco legal representa un retroceso.máxime cuando gran parte de los fondos NextGeneration destinados a vivienda dependen de un entorno regulatorio estable orientado a la colaboración entre administraciones y empresas.

Además, la patronal alerta del riesgo de sobredimensionar una empresa pública lo que requeriría recursos, personal y una estructura compleja para ser efectivo en el corto plazo. “La experiencia demuestra que el sector privado ejecuta este tipo de proyectos con mucha más agilidad”, afirman fuentes del sector.

Riesgos para el mercado y para los compromisos europeos

El impacto de mantener bloqueada la Ley de Suelo va más allá del acceso a la viviendasegún la CNC. El efecto acumulativo de la lentitud de los procedimientos y las cargas administrativas excesivas reduce el atractivo de España para los inversoresespecialmente en un momento en el que la UE exige altas tasas de implementación para liberar los últimos lotes de ayuda.

El PERTE de la Construcción Industrializadauno de los programas estrella para transformar el sector hacia modelos más sostenibles y eficientes, también podría verse afectado. En países como Alemania u Holanda, este tipo de construcciones representa cerca del 20% del total, mientras que en España apenas llega al 2%una diferencia que hace difícil absorber la demanda futura sin una reforma regulatoria profunda.

La patronal advierte de que avanzar sin la Ley del Suelo supone renunciar a herramientas clave para acelerar las licencias, facilitar la rehabilitación de barrios y multiplicar la oferta residencial. Sin ellos, advierten, España podría perder una oportunidad histórica para resolver la crisis inmobiliaria y modernizar su modelo urbano.

Un bloqueo político que dura dos años

El sector denuncia que la reforma lleva más de dos años estancada por falta de consenso político, a pesar de que cuentan con un diagnóstico común y un amplio apoyo entre las fuerzas parlamentarias. La CNC recuerda que el Senado envió el texto al Congreso para continuar su tramitación, pero La legislatura avanzó sin retomar su debatedejando el proyecto en un limbo operativo.

La organización exige un Pacto de Estado que nos permita dejar atrás los vetos cruzados y avanzar en una estrategia compartida que trascienda los ciclos electorales. “El problema de la vivienda no permite más retrasos”, afirman los empresarios, que insisten en que Cada año perdido agrava la escasez y encarece el acceso a los mercadostanto para compra como para alquiler.

Para el sector, la renuncia a la reforma perjudica directamente a los ciudadanosque seguirán enfrentándose a un mercado con oferta insuficiente y una escalada de precios motivada por la falta de suelo urbanizable, trabas administrativas y la inseguridad jurídica.

Europa exige seguridad jurídica y capacidad de ejecución

La CNC destaca que la propia Comisión Europea ha reiterado en sus valoraciones la importancia de contar con un marco jurídico claro y orientado a resultados. En este sentido, su presidente, Pedro Fernández Alén, considera que Renunciar a la reforma para salvar los fondos es “contradictorio y perjudicial”porque son precisamente esos fondos los que requieren una base jurídica sólida para poder ejecutarse sin demoras.

Fernández Alén insiste en que España necesita un marco estable que permita atraer inversiones, desbloquear proyectos pendientes y acelerar la construcción y rehabilitación de viviendas. En su opinión, La única forma de garantizar la llegada de los fondos europeos es recuperar la reforma de la Ley del Suelono lo alejes.

El dirigente recuerda que el sector de la construcción representa casi el 10% del PIB español y emplea a 1,3 millones de personas, por lo que su estabilidad es clave para el conjunto de la economía. Además, transición verde, digitalización y mejora de las capacidades Son ejes estratégicos del sector, alineados con los objetivos europeos y condicionados a un marco legal adecuado.

La patronal mantiene su presión para reactivar la ley

La CNC seguirá reclamando que la reforma no quede enterrada por motivos temporalesmáxime cuando España afronta la última fase de recepción del NextGeneration, que culminará en agosto de 2026. El sector teme que, sin un marco legal actualizado, la capacidad de absorber fondos se reduce y se desperdicia una oportunidad histórica.

El mensaje del empresario es claro: Sólo un marco jurídico moderno, seguro y orientado al desarrollo permitirá cumplir los compromisos con Europa y, al mismo tiempo, afrontar con garantías el reto de ofrecer viviendas asequibles y suficientes para la población.