Nueva batalla en Renfe. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a las indemnizaciones a los usuarios cuando los trenes de Renfe sufren retrasos superiores a 15 minutos. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su rotundo rechazo a la medida impulsada por los populares y está intentando sabotear la iniciativa.

La propuesta que ha recibido el visto bueno de la Cámara Baja obliga a la empresa pública de ferrocarriles a recuperar una indemnización por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE que eliminó en verano del año pasado para limitarlos a retrasos de un mínimo de 60 minutos.

Desde entonces, Renfe cambió las condiciones de su compromiso de puntualidad, así como su política de devolución en la mayoría de los servicios ferroviarios que ofrece. De esta manera, estableció que debido a un retraso mayor al 60 minutos Se devuelve la mitad del billete, aunque si el retraso supera los 90 minutos el reembolso asciende a la totalidad del billete.

Compensación por retrasos

La medida ha prosperado con votos a favor de la populares, Vox, UPN, Junts, ERC, Podemos y BNG, pese a que los socialistas y Sumar han votado en contra y el PNV, Bildu y Coalición Canaria han optado por la abstención.

En octubre del año pasado, el PP ya defendió la iniciativa y obtuvo el apoyo de la mayoría de los partidos que integran el arco parlamentario de la Cámara Baja. Pese a ello, el Ministerio de Transporte no aplicó la medida.

Descontento en Renfe

La empresa pública de ferrocarriles ha advertido que evaluará la fórmula legal necesaria para seguir aplicando las compensaciones actualmente vigentes y ha defendido que son las «más ventajosas del sector» para sus usuarios, ya que devuelven el doble que sus competidores para los usuarios que forman parte de su plan de fidelización.

En su opinión, deberían ser todos los operadores ferroviarios los que devolvieran el dinero si se retrasan menos de una hora, ya que de lo contrario será la única empresa española y pública perjudicada por el evidente agujero que se generará en sus cuentas.

Tras recordar que hace más de treinta años circulaban seis trenes al día, por lo que una compensación por cinco minutos de retraso «tenía sentido», destacó que actualmente más de 400 trenes a diario.

Sin embargo, ha expresado su asombro de que el PP quiera penalizar a Renfe y no a empresas privadas como Ouigo e Iryo. «Quiere penalizar a una empresa pública que ofrece un servicio fundamental a millones de personas», lamentó.

Impacto en la competencia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no sólo ha puesto en duda la eficacia de la medida, sino que ha advertido que «no es viable ni seguramente constitucional». Cuando Renfe compite con Ouigo e Iryo ha considerado que no se pueden imponer determinadas normas. condiciones injustas respecto a la competencia.

«Si impones a Renfe un compromiso de puntualidad, les estás obligando a trabajar en condiciones diferentes a las otras dos, les estás abogando por no competir y eso está coartando el derecho que tiene la propia empresa a fijar sus precios y competir», explicó.

En este contexto, ha indicado que en un escenario de libre competencia con otras dos empresas, no se puede obligar a Renfe a tener un compromiso con la puntualidad distinto. «Esto podría provocar un aumento del precio de las entradas y, por tanto, una imposibilidad de competir», concluyó.

Las declaraciones del Ministro de Consumo, Pablo Bustinduyhan seguido la misma línea, afirmando que supondría una «asimetría injustificable». También ha valorado que la medida sigue un «criterio profundamente ideológico heredado del liberalismo», en el que el público se hace cargo de lo que no es rentable.

«Es difícil entender que operadores privados «Quienes han venido a España a explotar una importante infraestructura que ha requerido un gigantesco esfuerzo inversor por parte del Estado tienen unas condiciones diferentes y menos exigentes que el operador público», concluyó.