La competencia exige así un marco favorable para resolver la escasez de productos residenciales, en un momento en el que España ve crecer su número de habitantes por la llegada de población inmigrante, lo que está provocando un déficit de 750.000 viviendas según la última estimación del Banco de España. La lista de medidas propuestas por la CNMC da en el clavo y reúne hasta nueve puntos clave para acelerar la construcción de productos residenciales. En primer lugar, el órgano todavía presidido por Cani Fernández recomienda simplificar la normativa urbanística y mejorar su digitalización y accesibilidad, además de apostar por una mayor ordenación supramunicipal del territorio.

En segundo orden de prioridad, también conviene flexibilizar la planificación urbanística, de modo que se revise la clasificación de los suelos desprotegidos y se considere la ampliación de los posibles usos del suelo. Esta medida podría ser revolucionaria en la medida en que la CNMC considera que con su autorización se pasaría a un modelo en el que todo suelo no sujeto a protección puede considerarse susceptible de urbanización, y, de esta forma, evita limitar desproporcionadamente la oferta de suelo disponible y, también, evitar condicionar el desarrollo urbanístico a decisiones que pueden estar sujetas a una considerable margen de discreción.

En cuanto a la ampliación de usos del suelo, la CNMC recomienda flexibilizar la clasificación urbanística del suelo; aligerar las exigencias de los distintos usos en la normativa urbanística, y facilitar los cambios de uso en las zonas más tensionadas, «priorizando especialmente cambios que incrementen la disponibilidad de vivienda».

Hasta el 45% del coste de la vivienda.

La CNMC apunta a la batalla por el suelo porque ahora la materia prima Puede representar hasta el 45% del precio final de una vivienda y señala que estas medidas podrían reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta. Pero para alcanzar ese objetivo ofrece más claves. También pide flexibilizar los instrumentos urbanísticos para que se pueda limitar la nulidad total del planeamiento, acelerar la tramitación de revisiones y modificaciones específicas y promover instrumentos de emergencia para la vivienda, incluida en particular la vivienda protegida.

Tras las mejoras en la planificación urbanística, Competencia considera necesario reducir su complejidad y, por tanto, cree oportuno reducir el número de instrumentos de planificación y la carga de contenidos de los planes generales y racionalizar la elaboración y aprobación de estos instrumentos.

Otro punto clave es la simplificación de la gestión urbanística y para ello el regulador pretende permitir actuaciones más flexibles a nivel administrativo o establecer un sistema regulado para la elección de los sistemas de gestión, además de reforzar los mecanismos contra los bloqueos.

Para facilitar la construcción, también se recomienda agilizar las licencias y promover las declaraciones responsables y adaptar los requisitos y tarifas de edificación. Y para acelerar el inicio de las obras, la CNMC también propone mejorar el funcionamiento de los informes sectoriales con medidas como evitar duplicidades para su emisión; sustituir los silencios administrativos negativos por otros positivos; justificar la necesidad de todos los informes y mejorar su proporcionalidad o mejorar la coordinación normativa en cuestiones sectoriales, y la integración de las evaluaciones ambientales en la planificación urbanística.

En su informe, la CNMC denuncia que España tiene una de las normas de uso del suelo más restrictivo en el entorno de la OCDE. «En particular, el proceso de planificación urbana presenta una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, una rigidez desproporcionada o una lentitud administrativa excesiva».