La conciliación sigue siendo uno de los grandes retos pendientes del trabajo autónomo en España. No porque los trabajadores autónomos carezcan de derechos, sino porque, en demasiadas ocasiones, ejercerlos implica asumir un coste económico que pone en riesgo la continuidad de su negocio.

Esto es lo que revela el informe “El coste oculto de la conciliación en el trabajo por cuenta propia”Preparado por Observatorio de la Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Directivos Administrativos de Madrid (ICOGAM), que analiza cuánto cuesta realmente mantener abierta una actividad económica cuando su titular debe ausentarse por maternidad, enfermedad o para cuidar a un familiar dependiente.

La principal conclusión del estudio es tan contundente como preocupante: el coste del primer mes de sustitución de un autónomo alcanza los 2.339,90 euros, mientras que el retorno neto mensual medio de su actividad es de 2.298 euros, según una estimación del informe construida sobre una actividad típica elaborada a partir de datos oficiales. En otras palabras, mantener abierto su negocio durante una recesión puede costar más que el rendimiento neto que genera en un mes.

En España seguimos hablando de conciliación como si fuera sólo un derecho laboral, cuando para millones de autónomos es, sobre todo, un problema económico.

Para el presidente de ICOGAM, Fernando Jesús Santiago OlleroEsta realidad explica por qué miles de trabajadores autónomos renuncian cada año a ejercer plenamente su derecho a conciliar.

«En España seguimos hablando de conciliación como si fuera sólo un derecho laboral, cuando para millones de autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar a un hijo, recuperarse de una enfermedad o cuidar a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho y pasa a ser un lujo.»

Cuando el costo de reemplazo excede el desempeño comercial

El informe toma como referencia una actividad típica realizada por un trabajador autónomo y analiza los dos escenarios posibles en caso de ausencia temporal.

Si decides cerrar el negocio, pierdes aproximadamente 2.298 euros por cada mes de inactividad, sin contar alquileres, suministros, préstamos u otros costes fijos que siguen existiendo, aunque las persianas sigan bajadas.

Si se opta por mantener abierta la actividad contratando a un sustituto, deberá asumir un coste laboral cercano a los 1.880 euros mensuales, a lo que se suma el impacto económico derivado del proceso de selección, formación y adaptación del nuevo trabajador. El resultado es un coste total de 2.339,90 euros durante el primer messuperior a la rentabilidad neta mensual media obtenida por la actividad.

Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza los 417 euros mensuales, cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio.

«Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: reponerse durante una baja laboral puede costar más que el beneficio que su negocio genera en un mes. Cuando las facturas no se pagan, el resultado es evidente: miles de profesionales siguen trabajando enfermos, reducen sus bajas o dejan de cuidar de sus familias porque no pueden permitirse el lujo de cerrar», afirma Fernando Santiago.

3,4 millones de trabajadores afectados

España tiene actualmente 3.425.767 trabajadores por cuenta propiagran parte de ellos regentando pequeños negocios, despachos profesionales, talleres, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de la presencia de su propietario.

A diferencia de las empresas con estructuras organizativas más grandes, estas empresas no pueden redistribuir fácilmente el trabajo cuando su gerente está ausente. La continuidad de la actividad depende casi siempre de encontrar una persona capaz de sustituirte en un periodo de tiempo muy corto y asumir un coste que, en muchos casos, resulta inasumible.

Para los responsables administrativos, esta situación explica por qué muchos trabajadores autónomos continúan trabajando durante las enfermedades, retrasan las intervenciones médicas o reducen sus bajas por nacimiento.

«No podemos aceptar que un trabajador autónomo tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es verdaderamente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida.»

La conciliación hoy depende del código postal.

El informe también analiza las políticas de apoyo existentes en las comunidades autónomas y concluye que el nivel de protección varía considerablemente según el territorio.

Sólo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la reposición temporal del trabajador autónomo y, aún así, las cuantías son claramente insuficientes para cubrir el coste real que supone mantener operativo el negocio.

En ciertas comunidades Las ayudas apenas llegan a los 400 euros al mesmientras En otros oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes o contemplar subvenciones específicas de hasta 7.200 euros para casos concretos. Sin embargo, ninguno de ellos logra compensar el coste real identificado en el estudio. Además, estas ayudas generalmente tributan en el IRPF, reduciendo aún más su eficacia económica.

«Es difícil explicar que un derecho tan básico como la conciliación dependa hoy del código postal. Hay comunidades autónomas que han dado pasos importantes y otras donde prácticamente no existen instrumentos específicos que ayuden a mantener la actividad. Hay que corregir esta desigualdad».

Una inversión para proteger el tejido productivo

ICOGAM propone la creación de un modelo de ayudas homogéneo que permita financiar la contratación y formación de sustitutos, ampliar la protección en casos de enfermedad, accidente o cuidado de familiares y agilizar la concesión de estas ayudas para responder rápidamente a situaciones inesperadas.

El informe también propone revisar el tratamiento fiscal de estas subvenciones para evitar que su fiscalidad reduzca significativamente su impacto real.

Fernando Santiago insiste en que no se trata de una medida asistencial, sino de una política económica encaminada a preservar a miles de pequeñas empresas.

«No estamos pidiendo ayudas sociales. Estamos proponiendo una política inteligente para apoyar el tejido productivo. Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social que supone cerrar un negocio viable.»

El presidente de las Gestoras Administrativas concluye que la conciliación del trabajo por cuenta propia ya no debe entenderse exclusivamente como una cuestión de protección personal.

«La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege a la empresa. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables. Si la empresa desaparece, también desaparece su trabajo. Proteger la conciliación de los autónomos significa también proteger el tejido productivo, el empleo y la economía de nuestro país.»