El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un segundo archivo de sanción a una Agencia Nacional de Bienes Raíces para Posibles cargos de comisiones ilegales a los inquilinos Y por la sospecha de que habría obligado a contratar servicios solicitados por UNE.

En un comunicado de prensa, el departamento dirigido por Pablo BustindUy informa sobre este nuevo archivo, que forma parte de la Investigación abierta en octubre pasado Y eso resultó en un primer archivo de sanción en marzo a una agencia de bienes raíces para las mismas prácticas abusivas.

El La investigación que ha resultado en la sanción de archivos aún está en marcha con otras compañíasy se lanzó después de las quejas de las asociaciones de Tenkine-CAEC y de los consumidores, como FACUA y OCU, que advirtieron que las infracciones se estaban cometiendo, como obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar seguros u otros servicios no solicitados.

De hecho, el 27 de marzo, FacUa dijo en un comunicado de prensa que El alquiler seguro había sido objeto del archivo de sanción abierto por consumo Tras la queja de que esta asociación presentó en noviembre de 2023 porque la agencia obligó a los inquilinos a pagarles el equivalente de un mes de alquiler más el 21 por ciento de recaudación de IVA que justificó la provisión de un «servicio de atención para el arrendatario».

En el comunicado de prensa del Ministerio Bustinduy para informar el segundo archivo de sanción, administrado a través de la Dirección General del Consumo, se recuerda que la ley prohíbe expresamente que los inquilinos pagan los gastos de UNRE y establecen sanciones con multas que pueden ser serias de hasta 100,000 euros, o muy graves, un millón de euros.

Estas acciones se agregan a los archivos abiertos a los pisos de alquiler, con el Bloqueando más de 65,935 anuncios ilegales en la plataforma AirbnbComo recuerda el comunicado de prensa. «La vivienda es un derecho y una buena necesidad cubierta por la ley. Por lo tanto, todas las iniciativas antes mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como una acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo», resume el comunicado de prensa.