En la carta, Consumo pide la «máxima diligencia» a las empresas para «velar por la correcta aplicación de las medidas», y la «adopción de los procedimientos internos necesarios para su inmediato cumplimiento». Y por ello, adjunto arriba el modelo de solicitud para que puedan enviarla «a los inquilinos con los que han formalizado contratos de alquiler de su vivienda habitual, o han intermediado al efecto», antes de concluir la carta «agradeciéndoles de antemano su colaboración».

Según Consumo, la carta ha sido enviada a 13 inmobiliarias que suman 100.000 alquileres que vencen entre este año y el próximo (en el caso de estas entidades, los contratos firmados tienen una duración de 7 años frente a 5 cuando el propietario es una persona física) y en ella se recuerdan todos los detalles del decreto. En este sentido, se insiste en que los inquilinos podrán renovar su contrato de alquiler de forma «extraordinaria» una vez finalice su duración, por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre y cuando el contrato esté vigente en la fecha de entrada en vigor de la norma; es decir, el 22 de marzo de 2026, y el plazo de prórroga obligatoria o tácita regulado en los artículos 9 y 10 de la LAU finaliza antes del 31 de diciembre de 2027.

«Por tanto, siempre que se cumplan los dos requisitos indicados anteriormente, el RDL 8/2026 genera un nuevo derecho a renovar el plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato vigente», especifica el escrito.

Sumado a ello, Consumo también recuerda a las empresas que deben aplicar la limitación extraordinaria de la actualización anual de los ingresos de los contratos, ahora limitada al 2%, señalando los efectos que la guerra en Irán tiene en el bolsillo.

Apunta a caer en el Congreso

El departamento de Pablo Bustinduy busca así intentar aumentar el efecto del decreto aprobado con motivo de la guerra, sabiendo que caerá a finales del próximo mes con los votos en contra del PP y Junts. Por eso, tanto el ministro como otros miembros de su partido y otros socios como el diputado Gabriel Rufián (ERC) están llamando a los inquilinos a pedir una prórroga del alquiler antes de que el texto quede sin efecto.

Hasta entonces, el ala más izquierdista del Gobierno seguirá insistiendo en que los inquilinos soliciten una prórroga del contrato que el arrendador tendrá que aceptar de forma obligatoria, tal y como establece el decreto. «Las medidas son obligatorias en relación con todos los contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma», recuerdan en la carta a los fondos de la oficina en manos de Sumar, aunque algunos juristas dudan de la legitimidad de estas prórrogas de contrato si la norma acaba cayendo en la cámara.