CONTRAPUNTO AL PLAN DE FEIJÓO
Moncloa busca retomar la iniciativa con la vivienda como eje de la legislatura ante la incerteza de sacar adelante los Presupuestos y un frente judicial que atrae el foco. Este mismo lunes, la presentación de Pedro Sánchez del plan de vivienda vino precedido de la citación a declarar del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos con un auto que además apunta a Presidencia. Los ministros socialistas que acudieron al acto se esforzaron por no desviar la agenda de las medidas anunciadas y evitaron valorar otros asuntos. Fuentes del Ejecutivo se limitaron a ratificar su “absoluta confianza” en Álvaro García Ortiz e insistir en que “estamos en lo de siempre, perseguir a quien comete el delito”. “Vivienda, vivienda y vivienda”, repitieron tras los anuncios de Sánchez que busca hacerse con esta bandera y lanzar el mensaje de que el Gobierno se hace cargo de las preocupaciones de la ciudadanía.
Una buena parte de las medidas del plan deberán pasar por el Congreso para materializarse y los colaboradores del jefe del Ejecutivo presumen de que son transversales para atraer a la mayoría de investidura. Entre la docena de propuestas hay guiños tanto a reivindicaciones de sus socios del arco progresista como a Junts y PNV.
Las exenciones fiscales para propietarios, los avales públicos, las ayudas a la rehabilitación y el sistema de garantías para asegurar al propietario el cobro de la renta de alquileres son iniciativas que consideran cercanas a los conservadores vascos y catalanes. Todo ello condicionado al alquiler asequible cuando Alberto Núñez Feijóo trata de buscar puntos de encuentro con estas formaciones, como ya hizo en materia de fiscalidad, y tras lanzar su propio plan de vivienda el pasado fin de semana. El líder de la oposición incluso animó este lunes a Carles Puigdemont a apoyarle en una moción de censura contra Sánchez.
Por otra parte, el incremento del IVA a las viviendas turísticas, el endurecimiento de las ventajas fiscales a las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y la limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes han sido reclamadas desde la izquierda. A pesar de ello, ninguno de los ministros de Sumar acudieron al acto que lleva semanas preparándose, frente a once ministros socialistas que arroparon a Sánchez.
En medio del choque entre los socios de coalición por la reducción de la jornada laboral, la vivienda es una de las banderas en disputa. Una competención en la que ya entraron los socialistas coincidiendo con su congreso federal, en cuya resolución política se esbozaron algunas de las medidas que ahora ha puesto sobre la mesa el jefe del Ejecutivo. El PSOE busca ensanchar su campo electoral recuperando pie a nivel territorial con la promoción de ‘ministros candidatos’, pero mirando además a la brecha a su izquierda, con una caída crónica en las encuestas.
Desde la formación de Yolanda Díaz se valoró el “cambio de discurso” del PSOE, abriéndose a algunas de sus reivindicaciones, pero se reprochó no ir “más allá”. “Bienvenidos a la necesidad de intervenir el mercado que venimos reclamando desde Sumar desde hace ya bastantes meses», remarcó el ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun, aunque sin dejar de criticar algunas medidas, como las exenciones fiscales a propietarios, y la falta de ambición de otras.
Frialdad entre los socios
Los morados tildaron directamente el plan de los socialistas de “efectista” y se opusieron a las rebajas fiscales para «favorecer a los grandes rentistas y especuladores». Desde EH Bildu se coincidió con la necesidad de ir más allá. “Limitar no es suficiente, hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir. También a los fondos extranjeros que compran cientos de inmuebles para especular”, abogó el coportavoz de los abertzales en el Congreso, Oskar Matute. Los socios de investidura ya se posicionaron en contra de la ley del suelo, una norma que pretende retomar el Gobierno de forma paralela a este plan de vivienda después de retirarla por la falta de apoyos parlamentarios.
El Gobierno aspira a devolver el foco “a lo importante” y tratar de impulsar una agenda legislativa condicionada por su debilidad parlamentaria. También por la espiral competitiva entre sus socios, como es el caso de ERC y Junts, PNV y EH Bildu e, incluso, Sumar y Podemos. Una escalada que eleva sus posiciones de máximos. La incertidumbre sobre el recorrido de la legislatura, con las cuentas públicas en el aire, ejerce un efecto contagio de Junts al resto de socios de la investidura que ante esta tesitura se esfuerzan por marcar un mayor perfil propio.
Intevención frente a desregulación
Frente a las dificultades, los socialistas quieren lanzar el mensaje de que son parte de la solución y encuadran al PP en el problema. Sánchez respondió así al plan de Feijóo en vivienda coordinado con sus presidentes autonómicos, que descalificó como una vuelta a la desregulación que llevó a la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis. La bautizada como ‘Declaración de Asturias’ apuesta por rebajas fiscales, derogación de los topes del alquiler, avales públicos o un seguro para quienes alquilen su piso.
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“Políticas neoliberales” de “nefastas consecuencias” que se pretenderían repetir para que “los especuladores hagan su negocio”. “La liberalización masiva y descontrolada ya fue aplicada por el PP en el pasado y condujo a una burbuja urbanística que dejó a 600.000 personas en la calle, 1,5 millones de empleos destruidos y la contribución al PIB de la construcción reducida a la mitad”, añaden fuentes del Ejecutivo. Los populares, por el contrario, despreciaron el plan del Gobierno por intervencionista con el resultado de generar “precios más caros y menos oferta”.
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