Se condena a una empresa española a pagar una indemnización de 7.501€ ya readmitir a una empleada tras un despido declarado inválido, luego de que un tribunal determinara que la vigilancia ejercida sobre la trabajadora durante una baja médica vulneraba sus derechos derechos fundamentales.

La empresa había contratado a un detective privado para que siguiera al empleado y reuniera pruebas sobre tu actividad durante la incapacidad temporal. Sin embargo, el fallo considera que la investigación, que documentó actividades cotidianas como llevar a sus hijos al colegio o realizar tareas del hogar, constituyó un interferencia ilegítima y desproporcionado en su vida privada.

El tribunal ha destacado que las pruebas obtenidas de esta manera son inválidosya que el hogar y el ámbito personal del trabajador gozan de una protección constitucional inquebrantable. El tribunal destacó que las conductas observadas por el detective, todas ellas rutina y fuera del lugar de trabajoNo sirvieron para cuestionar la veracidad de la patología médica que justificaba la baja.

La mera sospecha de un posible fraude no legitima, según la sentencia, la implementación de mecanismos de vigilancia que desconocen los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los riesgos de un control corporativo desproporcionado

La resolución judicial advierte de las graves consecuencias jurídicas y económicas que enfrentan las empresas que Optan por métodos de control intrusivos. Cuando el despido sea declarado nulo, la empresa está obligada a reintegrar al trabajador, asumiendo el pago de los salarios de tramitación. no percibido y también pagar una gran compensación por el daño moral causado. Los magistrados consideraron que la captura de imágenes en espacios privados y durante actividades familiares representa un ataque directo a la dignidad de la persona.

Este caso refuerza la doctrina que establece que el derecho a la privacidad prevalece contra los poderes de control corporativo, especialmente cuando la vigilancia se extiende al vida privada del empleado sin una justificación sólida vinculada a un incumplimiento contractual grave.