CORRUPCIÓN PSOE | El PP retoma la ofensiva parlamentaria para que Sánchez convoque elecciones
El Partido Popular (PP) retoma su ofensiva para intentar obligar a Pedro Sánchez a poner fin ya a la legislatura convocando de manera anticipada las elecciones generales. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados registró este lunes una Proposición no de Ley (PNL) «contra la corrupción económica, política, institucional y moral del Gobierno» en cuyo primer punto se citan las recientes votaciones tanto en la Cámara Baja, con el apoyo de Junts, como en el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, para que Sánchez disuelva las Cortes o se someta a una moción de confianza. Algo que se hace para, según reza el texto, instar al Ejecutivo a «cumplir» dichas resoluciones de las dos cámaras.
[–>[–>[–>Aunque en esta ocasión la PNL registrada por los de Alberto Núñez Feijóo no se limita únicamente a la denuncia de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE, desde la condena al exministro José Luis Ábalos a la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por el caso de las supuestas cloacas orquestadas con figuras como la conocida como ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez, casos que se desgranan ampliamente en la exposición de motivos de la iniciativa, que vuelve a recordar cómo Sánchez legó a la Moncloa en 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con la corrupción del PP, precisamente, como leitmotiv.
[–> [–>[–>Además de eso, los populares señalan como ejemplo de la degradación de la vida pública los acuerdos con Bildu, e instan a que cesen los mismos mientras se incluya en sus candidaturas a personas condenadas por terrorismo, algo que sucedió en las últimas elecciones municipales, celebradas en el año 2023, si bien la dirección de los de Arnaldo Otegi rectificó e impidió recoger sus actas de concejal a siete candidatos que tenían delitos de sangre. El PP, además, vuelve a plantear en esta PNL una reforma de la ley electoral para que sean inelegibles quienes tengan ese pasado en ETA, al menos hasta que no hayan pedido perdón, colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de los asesinatos aún no resueltos y hayan satisfecho la totalidad de su responsabilidad civil. Además, otro de los puntos de la iniciativa reclama una reforma de la ley penitenciaria para limitar el acceso a beneficios, incluido el Tercer Grado, de los presos de la banda terrorista.
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La SEPI, RTVE y la Agencia EFE
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La iniciativa insta igualmente al Gobierno a la destitución de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a que se realice una auditoría de esta importante sociedad pública, a que se acabe con las «injerencias» gubernamentales en Radio Televisión Española (RTVE) y en la Agencia EFE y también al cese inmediato del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, «por el descrédito al que ha conducido al organismo como consecuencia de su gestión partidista».
[–>[–>[–>En cuanto a las medidas específicamente destinadas al combate de la corrupción, el PP vuelve a reclamar -dentro de una PNL que desarrolla hasta 15 puntos- una reforma de la ley del indulto (que data del siglo XIX) para que no se pueda conceder la medida de gracia a corruptos, terroristas o a quienes hayan sido condenados por «ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes ocupando altas responsabilidades públicas hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones». Un redactado, este último, que parece claramente destinado a los dirigentes catalanes condenados en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) y luego indultados dos años después, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras. De la misma manera, el primer partido de la oposición plantea recuperar las penas del delito de malversación que existían antes de la modificación del Código Penal realizada en el año 2022 y pactada precisamente con ERC.
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Para el PP, el actual Gobierno estaría aquejado, según se describe en la citada exposición de motivos, de una triple corrupción. La económica, que según los populares sería «estructural» por afectar a varios ministerios, la política, que se habría traducido en «la ocupación de los medios de comunicación públicos, los organismos reguladores y los órganos independientes del Estado» y una tercera corrupción «ética», que se plasmaría en los citados acuerdos con Bildu, una coalición a la que el PP describe como «heredero político de la banda terrorista ETA».
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