El Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé, junto a Somos Asturies, ofrece una asesoría legal gratuita para inquilinos e inquilinas sobre sus derechos ante la prórroga del alquiler. Dicha prórroga es una de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2026 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler. Los inquilinos e inquilinas podrán acogerse, en algunos casos concretos, durante un plazo aproximado de un mes (hasta que el decreto vaya al Congreso y, previsiblemente, decaiga). El objetivo de esta medida, apuntó Tomé, es “ofrecer apoyo útil, inmediato y accesible a quienes atraviesan una situación de incertidumbre habitacional”.

“Sabemos que hay muchísimos asturianos y asturianas viviendo ahora mismo con la incertidumbre de no saber si les van a renovar el contrato, si les van a subir el alquiler o si pueden acogerse a esta prórroga”, explicó la parlamentaria. Y añadió que “también sabemos que esa desinformación juega a favor de quienes convierten la vivienda en un negocio y alimentan la especulación con un derecho fundamental”.

Atención presencial

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La atención presencial, abierta a todas las personas interesadas, será de martes a viernes en horario de tarde (de 16 a 20 horas), en la Oficina Parllamentaria (Plaza Juan XXIII, número 2, bajo) . Desde Somos Asturies subrayan que esta medida no surge de manera aislada, sino que forma parte de “una línea política sostenida desde el inicio de la legislatura. El acceso a la vivienda ha sido uno de los pilares del trabajo impulsado por Covadonga Tomé y su equipo, tanto en la iniciativa parlamentaria como en la acción política; con una defensa constante de la vivienda como derecho y no como mercancía”. Esta nueva asesoría gratuita se inscribe, precisamente, en ese mismo camino: el de poner recursos concretos al servicio de la gente frente a la precariedad, la especulación y la inseguridad residencial.

Además de denunciar el impacto de la subida de precios y la dificultad creciente para acceder o mantenerse en una vivienda, el Grupo Parlamentario y Somos Asturies han venido insistiendo durante toda la legislatura en la necesidad de reforzar la protección pública, ampliar los derechos de las personas inquilinas y frenar dinámicas que expulsan a la ciudadanía del mercado residencial -como es el caso de la proliferación de pisos turísticos-. La puesta en marcha de este servicio busca traducir ese compromiso político en una herramienta directa, útil y aterrizada.