El 17 de diciembre 400 personas fueron desalojadas del Instituto B9 de Badalona sin alternativa habitacional. Desde entonces, los afectados viven en la calle sin el Ayuntamiento, regido por Xavier García Albiol (PP)les ha ofrecido una alternativa de vivienda.

Una falta de respuesta que, según explicó el magistrado Joaquim Bosch, podría conllevar consecuencias penales para el Consistorio, como ha informado a la Fiscalía Jaume Asens, eurodiputado de los Comunes.

«El Ayuntamiento no ha ofrecido medidas y podría existir un delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios.«, explica Bosch en Al Rojo Vivo, refiriéndose a que el motivo por el que muchos de los desalojados no son asistidos es por su origen. tal y como ha informado Cáritas.

«Badalona es una ciudad de más de 200.000 habitantes que tiene más servicios públicos que la mayoría de capitales de provincia, cuesta creer que no tengan recursos«, concluye Joaquim Bosch.

*Seguir laSexta en Google. Todas las novedades y el mejor contenido aquí.