Aunque nadie se atrevió a darlo por hecho hasta el último momento, las víctimas de la okupación han acabado beneficiándose colateralmente de la crisis abierta entre Junts y PSOE. El rechazo de los de Puigdemont al llamado decreto ómnibus del Govern tiene como consecuencia directa la derogación de la suspensión de desahucios vigente desde 2020 y que, en estos cinco años, ha arruinado literalmente la vida de miles de propietarios en toda España.

«Estamos contentos, pero muy felices. —asegura el portavoz del Plataforma para los afectados por la ocupaciónRicardo Bravo—. Tengo lágrimas en los ojos. Después de tantos años luchando por esto, hoy por fin vemos un poco de luz. Sabemos que llegará una respuesta y que incluso la aplicación de la Ley de Vivienda plantea muchas dudas, pero es un primer paso para intentar hacer justicia con todos los afectados por la okupación que, además, hemos sufrido durante todos estos años con la invisibilidad por parte del Gobierno».

Cinco años de lucha incansable

El propio Bravo es la cabeza visible de un movimiento que denuncia desde 2020 que el polémico decreto antidesahucios legalizaba de facto la okupación en España. Él mismo se ha reunido con todos los grupos parlamentarios que querían escucharle, mientras El Ministro de Vivienda ha ignorado sus 40 solicitudes. «Hemos trabajado mucho en pasillos y oficinas y parece que ha surtido efecto», resume con orgullo.

Tanto Junts como el PNV les habían mostrado en privado su apoyo y empatía.a. Los nacionalistas vascos, sin embargo -y pese a rechazar la prórroga de los desahucios- han acabado votando a favor del decreto ómnibus gracias, entre otras cosas, al jugoso regalo de una mansión en París valorada en 15 millones de euros que el Gobierno había incluido en el mismo. En el caso de Junts, el deseo de castigar a Sánchez ha jugado a su favor, por lo que su rechazo ha sido decisivo para tumbar una medida que se aprobó con la pandemia como excusa y que, incomprensiblemente, seguía vigente cinco años después.

¿Y ahora qué?

A pesar de su satisfacción, las víctimas de la okupación son conscientes de que todavía no pueden cantar victoria. Para empezar porque El Gobierno puede volver a presentar el polémico decreto por separado o incluso recurrir a otra iniciativa parlamentariaalgo que también podría hacer alguno de sus socios. Y, para seguir, porque el resto de la legislación tampoco les garantiza un camino de rosas. «Ahora tenemos que ver qué nos depara el futuro: cómo Ley de Vivienda y qué propuestas vendrán desde la izquierda para intentar retomar esta ayuda a las personas vulnerables, a lo que, por supuesto, no nos oponemos, pero que, como siempre hemos dicho, no tenemos por qué asumir», insiste Bravo.

El polémico decreto antidesalojos no sólo evitó que los okupas vulnerables fueran expulsados -quienes ganen menos de 1.800 euros al mes, víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo—pero, además, Obligó a los propietarios a pagar por sus suministros.s, ya que, si fueran cortados por falta de pago, podrían ser demandados por coacción. De esta forma, y ​​como vienen denunciando todos estos años las víctimas, el propio Gobierno acabó vulnerando a los terratenientes, en su mayoría pequeños propietarios que necesitaban ese dinero para llegar a fin de mes.

Su derogación, por tanto, no sólo abre la puerta a que todas estas familias recuperen su vivienda, sino que también podría influir en una mercado de alquiler en el que, como advierten los expertos, Cada vez hay menos oferta como consecuencia de la inseguridad jurídica. Queda por ver, sin embargo, cuál será la respuesta del Gobierno y si aceptará el «no» de sus socios de investidura.