DECRETO APAGONES | ¿Qué medidas ha tumbado el Congreso con la caída del decreto para evitar apagones?
Las presiones del sector energético y de la gran industria no han conseguido vencer las resistencias del Partido Popular y salvar el ‘decreto antiapagones’ en una votación de máxima tensión en el Congreso de los Diputados. Patronales eléctricas, del sector de las renovables y de los grandes grupos industriales han venido haciendo frente común para sacar adelante las medidas urgentes tras el gran apagón, que las compañías consideraban crucial. Las asociaciones empresariales habían centrado sus esfuerzos en conseguir la abstención del PP para evitar que el ‘macrodecreto’ decayera. El ‘no’ de los populares junto al voto en contra de Vox, Podemos y Junts ha hecho saltar por los aires todas las medidas del real decreto ley.
El real decreto, además de reformas para reforzar la supervisión de todos los operadores del sistema eléctrico con el objetivo de evitar nuevos apagones, incluía multitud de medidas para evitar la caída masiva de proyectos renovables en riesgo, para facilitar la conexión rápida de proyectos industriales a la red, para facilitar que las renovables más antiguas no pierdan la retribución garantizada por el caos de precios en el mercado eléctrico, para impulsar la instalación de grandes baterías eléctricas, o rebajas especiales en la factura de la luz de los grupos industriales con un gran consumo eléctrico, entre otras iniciativas que habían conseguido concitar un poco habitual apoyo unánime de todo el sector energético e industrial.
La movilización empresarial ha sido evidente durante el último mes y, en especial, en los últimos días. La pasada semana todos los grupos parlamentarios recibieron una carta conjunta de apoyo a las medidas del decreto firmada por las patronales Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y también la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), en la que se integran gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica, Tubos Reunidos, Alcoa o Asturiana de Zinc.
Los movimientos hasta el último momento del sector energético se habían reflejado en la publicación de un informe elaborado por la consultra PWC y en el que se daba la voz de alarma de que estaban en juego inversiones por 200.000 millones de euros si el decreto no se convalidaba. “Se estima que con las medidas del RDL se podrían habilitar conexiones a las redes eléctricas por unos 40.000 megavatios (MW). Suponiendo conservadoramente que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria (fuente banco España) tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada megavatio de potencia eléctrica conectada, se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones”, apuntaban fuentes del sector apoyándose en los datos del informe. “Es decir, 200.000 millones de inversiones en juego en el sector eléctrico ante la posición del PP”, subrayaban.
Éstas son las medidas clave incluidas en el decreto que finalmente no se ha aprobado y que energéticas e industria consideraban cruciales para no provocar un roto económico al país, evitar un parón en la transición energética y blindar el sistema eléctrico frente a riesgos mayores de apagón.
- MÁS SUPERVISIÓN SOBRE LAS COMPAÑÍAS
El decreto reforzaba la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estará obligada a evaluar periódicamente (cada tres meses) las obligaciones de control de tensión en la red de las compañías obligadas a prestar el servicio. Asimismo, Red Eléctrica de España (REE) estaba obligada a evaluará también periódicamente la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia del sistema eléctrico.
El decreto habilitaba al Gobierno a poder realizar modificaciones urgentes en el plan de desarrollo de la red eléctrica para blindar su funcionamiento. Sin esperar a la convalidación, el Ejecutivo ya ha puesto en marcha un plan de urgencia con inversiones de 750 millones de euros para reforzar la red eléctrica de alta tensión tras el gran apagón, con la ejecución rápida de un listado de 65 actuaciones para blindar la resiliencia de la red incorporando herramientas adicionales para facilitar el control de tensión, que fue la causa del histórico colapso energético del pasado 28 de abril, y dar más estabilidad frente a oscilaciones como las que se registraron antes del ‘cero eléctrico’.
- SALVAVIDAS PARA CIENTOS DE PLANTAS RENOVABLES
El Gobierno incluyó en la norma una reforma legal urgente para evitar la cancelación de decenas de plantas solares y eólicas ya construidas o en construcción, y en las que empresas energéticas han ejecutado inversiones millonarias y que iban a caer el pasado 25 de junio. Una tabla de salvación para todos estos proyectos a punto de perder el cotizadísimo derecho de acceso a la red, con un plazo adicional de hasta tres años para ellos. Y también concede con carácter general una flexibilización de los plazos de todos los proyectos sujetos a la obligación de cumplir hitos temporales por ley. Decenas de proyectos verdes sorteabann así un ultimátum legislativo clave.
- BLINDAJE DE PAGOS A RENOVABLES ANTIGUAS
Se salvaban pagos millonarios a miles de plantas renovables más antiguas en riesgo por el caos de precios en el mercado de la electricidad. Se aprueba una reforma “urgente y excepcional” aplicable sólo durante 2025 para garantizar que los dueños de plantas renovables consigan la rentabilidad razonable comprometida por ley en el sistema Recore, frente a los grandes vaivenes del mercado eléctrico, que ahora se ha abonado a registrar precios de derribo, con cada vez más horas a cero euros o directamente con precios negativos. El Ejecutivo reducía de manera extraordinaria el número mínimo de horas que las plantas han de funcionar cada año para poder recibir la retribución, a la espera de la reforma integral de todo el sistema de ayudas que ya se está tramitando.
- EMPUJÓN A PROYECTOS INDUSTRIALES
Se incluían medidas para paliar el gran atasco de peticiones de conexión a la red eléctrica desatendidas y que amenaza con provocar la pérdida de cientos de proyectos industriales en España. Se aplicaban reformas legales para reducir al máximo los procesos administrativos para poder ejecutar ampliaciones exprés de las infraestructuras de las redes eléctricas y enchufar de manera acelerada estas instalaciones industriales.
El decreto atendía algunas de las reclamaciones del sector de las renovables para impulsar el autoconsumo, como la ampliación hasta los 5 kilómetros del radio de alcance de las comunidades energéticas de autoproducción con instalaciones con una potencia de menos de 5 MW. Además, se regulaba la creación de la figura del gestor de autoconsumo para representar a usuarios de autoconsumo colectivo y se permite que un mismo consumidor este adscrito a dos modalidades de autoconsumo (un autoconsumo individual sin excedentes y otro colectivo de instalaciones próximas y asociadas a través de la red).
- ALLANAR UN ‘BOOM’ DE GRANDES BATERÍAS
Se impulsaba la expansión masiva de instalaciones de almacenamiento de electricidad como refuerzo del nuevo ‘escudo antiapagones’ y para bajar el precio de la luz. El retraso en el despliegue de grandes baterías es una de las cuentas pendientes del sistema eléctrico español para avanzar en su transformación verde. Se allanaban al máximo la puesta en marcha de instalaciones de almacenamiento (singularmente de grandes baterías) y así desatascar la avalancha de proyectos que han pedido poder engancharse a la red eléctrica y que aún están en diferentes fases -algunas aún incipientes- de su tramitación administrativa.
- APOYO A LA GRAN INDUSTRIA
Se daba respaldo a la competitividad de la gran industria nacional en un contexto geopolítico complejo y en el que algunos sectores están especialmente expuestos. El decreto recupera la aplicación de una reducción del 80% de los peajes de acceso que se incluyen en la factura de luz de la industria electrointensiva. Asimismo, se incluía una bonificación en el impuesto de actividad económicas (IAE) para las empresas que computen hornos y calderas eléctricas.
- ELECTRIFICACIÓN DOMÉSTICA
Se habilitaba a los ayuntamientos para poder aplicar deducciones específicas para favorecer la electrificación de la climatización de las comunidades de vecinos, con deducciones del 50% en el IBI y del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, como ya sucede con el autoconsumo. Y también se allanaba a través de la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que las comunidades decidan instalar bombas de calor eléctricas.
- AGILIZAR LA EXPANSIÓN DEL COCHE ELÉCTRICO
Para impulsar el despliegue de cargadores de coche eléctrico, el Gobierno regulaba los plazos para que las compañías eléctricas conecten a sus redes los puntos de recarga. Las distribuidoras iban a tener un máximo de 30, 60 u 80 días para conectarlos en función de sus características, dado el enorme retraso que se acumula actualmente para electrificar los enchufes ya instalados. Además, se eximía del régimen de autorizaciones (autorización administrativa previa, de construcción y de explotación) a las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga ultrarrápidas, salvo para los casos en que sea necesario el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones o de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
- ELECTRIFICACIÓN DOMÉSTICA
Se habilitaba a los ayuntamientos para poder aplicar deducciones específicas para favorecer la electrificación de la climatización de las comunidades de vecinos, con deducciones del 50% en el IBI y del 95% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, como ya sucede con el autoconsumo. Y también se allanaba a través de la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que las comunidades decidan instalar bombas de calor eléctricas.
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