DECRETO ÓMNIBUS | El Gobierno se abre ahora a trocear el escudo social para asegurar la revalorización de las pensiones
La aritmética parlamentaria sin una clara mayoría de izquierdas obliga al Gobierno a un juego de equilibrios constante. El decreto con la prórroga del escudo social, donde se incluyó la revalorización de las pensiones, es un claro ejemplo. El Congreso lo tumbó con los votos de PP, Vox y Junts. Populares y posconvergentes coincidieron en criticar que se mezclase el alza de un 2,7% para las pensiones medias con la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables hasta encontrarles una alternativa para su realojo. Ahora, el Ejecutivo negocia contrarreloj para salvar el decreto y se abre a trocearlo para asegurar que los casi diez millones de pensionistas no vean mermada su nómina de febrero.
[–>[–>[–>Fuentes del Gobierno conocedoras de las conversaciones trasladan que ven “factible” llevar las medidas por separado, como ha exigido la formación liderada por Carles Puigdemont. Un cambio sustancial con respecto a la semana pasada, cuando la pretensión era “mantenerlo entero”, como exige el socio minoritario de la coalición. La intención del Ejecutivo es intentar aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este martes o, como fecha límite, la próxima semana. Pedro Sánchez fue contundente este domingo durante un mitin en Teruel, a dónde acudió para respaldar a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP».
[–> [–>[–>Si bien en el Ejecutivo se prestan a trocear las medidas del decreto ómnibus para votarlas por separado en el Congreso y reducir riesgos, su plan A sigue siendo salvar todas las medidas que lo componen. Además de la revalorización de las pensiones y el escudo social, con la prórroga de la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros a familias vulnerables, el texto incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades y los entes locales o rebajas fiscales para afectados por dana y los incendios del pasado verano.
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“Nuestra intención es llevar un decreto de medidas de escudo social que cuente con una amplia mayoría en el Congreso”, explican fuentes de Moncloa. Las conversaciones se centran en lograr para ello el apoyo de Junts, pero las cesiones a los posconvergentes tienen el riesgo de alejar a otros socios del arco progresista. “Si ofrecen cosas que podría hacer también el PP sobraría de la ecuación el eje de la izquierda”, avisaban ya la pasada semana fuentes parlamentarias de uno de los grupos que más ha defendido la prórroga del escudo social.
[–>[–>[–>Los socialistas buscan atraer a Junts en materia de vivienda con mecanismos que ofrezcan más garantías a los propietarios por impago de alquiler. Tanto a nivel de dotación presupuestaria como de agilidad. El Consejo de Ministros ya presupuestó en 300 millones los avales financiados por el Estado para este fin. La línea de ayudas para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables ya formaba parte del Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobó un decreto el pasado mes de diciembre y ahora se ha dotado presupuestariamente.
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Garantías por impago a propietarios
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“El aval garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan”, recoge el texto.
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[–>Se busca así un encaje compaginando la protección de familias vulnerables con la cobertura a los propietarios. El otro comodín tiene que ver con la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, después de que Podemos se abriese a levantar su veto como fruto de su acuerdo con el Gobierno para la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta carpeta depende ahora de modificar el preámbulo del proyecto, a lo que se abren los posconvergentes y que Podemos exige para dar su apoyo, eliminando referencias que consideran “racistas”.
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En el Ejecutivo ven margen con Junts al considerar que su discurso contra la parte del escudo social del decreto nada tendría que ver con el del PP. A los populares los acusan de asociar vulnerables que no pueden pagar puntualmente el alquiler con “delincuencia”, criminalizando su situación. Entre las críticas que Junts compartió con el PP para justificar su voto en contra fue que se mezclasen estos asuntos con la revalorización de las pensiones, calificándolo de “chantaje”. “Pensiones, ‘sí’; Okupaciones, ‘no’. No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no te pagan el alquiler», resumía desde la tribuna la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras.
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