Según confirma EL ESPAÑOL, la cartera que encabeza Margarita Robles destaca que el procedimiento de contratación se ha desarrollado «con pleno respeto a la legislación vigente» y que las decisiones de adjudicación han tenido en cuenta los «intereses esenciales de seguridad, la garantía de suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa» de las capacidades militares, en línea con el marco jurídico español y de la Unión Europea.

De este modo, El Ministerio confirma la validez de las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E y afirma que la vía administrativa está agotada sin perjuicio de los recursos que Santa Bárbara pueda interponer ante la Audiencia Nacional.

La Defensa también ha negado el acceso al expediente de contratación solicitado «reiteradamente» por Santa Bárbara, considerando que no existen los supuestos jurídicos que lo justifiquen, tal como se indica en las resoluciones del Tribunal Supremo.

Los dos programas, integrados en los Programas Especiales de Modernización (PEM), cubren tanto la artillería autopropulsada de ruedas como la de orugas.

La adjudicación para el sistema sobre ruedas asciende a casi 2.686 millones de euros, con un préstamo estatal al 0% de interés de 1.181 millones, mientras que el contrato de artillería de cadenas alcanza los 4.554 millones, respaldado por un crédito público sin intereses de 1.821 millones.

Precisamente sobre este último contrato, como adelantó EL ESPAÑOL, Indra cerró hace menos de un mes una alianza con la surcoreana Hanwha para utilizar en el contrato de artillería sobre cadenas —valorado en 4.554 millones de euros— la plataforma del obús autopropulsado K9.

Según el acuerdo, Indra desarrollará una versión españolizada del sistema, que podrá exportarse con el permiso de Hanwha, y que se fabricará con una fuerte huella industrial nacional. Para la artillería sobre ruedas, en cambio, la compañía aún no ha atado definitivamente el socio industrial y mantiene abiertas varias negociaciones con posibles aliados europeos

Ambos contratos se tramitaron sin publicidad, argumentando Defensa que la UTE de Indra y EM&E era “la única empresa capacitada técnicamente” para el desarrollo de estos proyectos, en un contexto de incremento del gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.

Guerra Legal de Santa Bárbara

Santa Bárbara interpuso el recurso ante la Defensa en febrero, después de haber presentado ya en diciembre un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los 3.002 millones de euros en préstamos al 0% concedidos a la UTE para prefinanciar los programas de artillería.

La compañía sostiene que fue la única empresa con capacidad industrial en España para estos proyectos, apoyándose en su sistema Nemesis, cofinanciado con KNDS y presentado en Feindef 2025, aunque fuentes del mercado recuerdan que este sistema no ha sido adquirido por ningún país.

Defensa, por su parte, rechaza que la empresa haya quedado «marginada» y destaca que la elección de la UTE responde a criterios de seguridad nacional y capacidad de ejecución, ante la ausencia de producto de artillería propia por parte de Indra y EM&E antes de establecer acuerdos internacionales.