Toda corrupción es deleznable, pero la destapada en el barrio de Les Naus de Alicante reúne todos los ingredientes para alimentar a la antipolítica. Se trata de una trama dirigida por la ya exconcejal de Urbanismo con el apoyo de la ya ex directora general de Contratación Pública en conexión con el arquitecto municipal y otros cargos de la Generalitat. Adulteraron la adjudicación de viviendas de protección oficial a favor de ellas mismas , de sus familiares y de otros políticos. El caso es un bomba de relojería porque deja en evidencia que una parte de la clase política no solo no hace todo lo que puede para paliar el déficit de vivienda asequible que azota a la clase media sino que, cuando pone en marcha una de las pocas promociones de vivienda protegida, los beneficiarios son los mismos políticos y sus familiares o amigos. El chanchullo se hizo a través de una cooperativa. No es la primera vez ni la última. Recordemos lo que pasó en los años 90 del siglo pasado en el caso PSV con la implicación de UGT. El problema no es el instrumento sino la cantidad de vacíos legales que encontramos en la legislación que regula la construcción y, sobre todo, la adjudicación de las viviendas protegidas por diversos y complejos mecanismo. Y una vez más, como ocurrió con las mascarillas en pandemia, nos encontramos con buitres carroñeros que, amparados en la política, tratan de hacer negocio de la angustia ajena. Información ha levantado un caso que ha conmocionado Alicante, ha generado un tsunami en la Comunitat Valenciana y debería reverberar en la política española porque no es un caso aislado.