del respaldo de PSOE e IU a las dudas de Podemos y PP, y el rechazo frontal de Vox
El futuro de los terrenos de Baterías vuelve al centro del debate político y económico de Avilés después de que la Autoridad Portuaria aprobase una provisión de 50 millones de euros para afrontar la compra, descontaminación y urbanización de los antiguos suelos de las antiguas baterías de coque. La decisión, incluida en el plan de inversiones 2026-2030 del Puerto, ha reactivado las posiciones de los grupos municipales y de la Cámara de Comercio sobre una operación llamada a marcar el desarrollo industrial de la ciudad durante los próximos años. El PSOE lo interpreta como un avance decisivo, IU ve en el Puerto una alternativa pública viable, Podemos exige concreción, el PP advierte de los riesgos de las concesiones administrativas y Vox reclama paralizar la operación.
[–>[–>[–>Las posturas políticas
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El gobierno local ve en el movimiento del Puerto una señal de que la operación empieza a tomar cuerpo. El concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, lo definió como «un avance muy importante«, porque la Autoridad Portuaria ya contempla fondos «no solo para la adquisición de los terrenos de Baterías, sino también para su descontaminación y urbanización«. Para el PSOE, la clave pasa ahora por que Sepides y el Puerto cierren cuanto antes «un acuerdo en un precio que responda a las condiciones de mercado» y por que el Puerto articule «un plan claro de comercialización» capaz de atraer inversiones productivas, industria moderna, innovación, empleo de calidad y actividad tractora para el tejido empresarial avilesino.
[–> [–>[–>Esa lectura favorable no es compartida por el PP, que enlaza la operación de Baterías con el caso de Chemastur (ha perdido su concesión y deberá abandonar el suelo portuario en 18 meses) para advertir de los riesgos de poner el futuro industrial en manos de concesiones administrativas. La portavoz popular, Esther Llamazares, sostuvo que lo ocurrido «confirma las valoraciones que el Partido Popular viene realizando durante este tiempo» y afirmó que «una empresa puede tener voluntad de invertir, modernizarse y seguir operando, pero si su continuidad depende de una concesión administrativa, su futuro queda condicionado por decisiones ajenas a su propia estrategia industrial». Llamazares insistiço en que «el problema no es el Puerto de Avilés«, al que considera «un activo estratégico fundamental», sino trasladar a Baterías un modelo condicionado por plazos, criterios portuarios y prioridades que pueden «limitar enormemente la inversión empresarial«.
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Frente a esa advertencia, IU interpreta la entrada del Puerto como una oportunidad después de años de bloqueo. Su coordinador local, Juanjo Fernández, calificó la propuesta de «interesante» y fue directo al señalar que «Sepides no hizo los deberes y el Puerto es una gran alternativa». Para Izquierda Unida pesa el carácter público de la Autoridad Portuaria, «un ente público, sin ánimo de lucro y que conoce la realidad de Avilés», así como la posibilidad de orientar los terrenos hacia los objetivos estratégicos que siempre defendió la formación. «Si generan actividad, empleo y atraen empresas, lo apoyaremos», resumió Fernández, situando el respaldo de IU en función del resultado final y no solo del cambio de manos.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>También Podemos evita un rechazo frontal, pero mantiene la cautela. Su portavoz, David García, aseguró que a la formación le siguen generando «las mismas dudas» el proyecto final, aunque el Puerto haya reservado hasta 50 millones para la operación. La formación quiere saber «cómo se va a materializar finalmente el proyecto y qué empresas se van a asentar», porque su prioridad no es la titularidad del suelo sino que haya actividad económica, empleo estable y empleo de calidad para Avilés. Por eso reclamó «transparencia, planes detallados y plazos concretos»: «No necesitamos más titulares, sino hechos concretos«, advirtió García.
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Vox, muy crítico con la idea
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La posición más crítica la mantiene Vox, que cuestiona directamente la capacidad financiera de la Autoridad Portuaria para asumir una inversión de esta envergadura. Su portavoz, Arancha Martínez, se preguntó cómo va a afrontar el Puerto 50 millones de euros «cuando su cifra de negocio son 18 millones y su beneficio no llega ni a 4», y acusó a la institución de «hipotecar su futuro con una deuda millonaria«. Martínez sostuvo que se ha producido «un engaño total» porque los suelos iban a destinarse a grandes industrias tractoras y ahora, a su juicio, se abre el riesgo de que Baterías acabe convertida en «una especie de Zalia«. Además, exigió «la paralización total de cualquier operación de compraventa» hasta que se aclare la investigación judicial vinculada a la trama Irurok y su posible alcance sobre los terrenos.
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[–>El debate, en todo caso, trasciende la pelea partidista y alcanza al tejido económico. El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, sostuvo que «la ría y el Puerto van a ser el eje vertebrador de la industria de Avilés durante los próximos años» y avisó de que las decisiones que se adopten a corto plazo serán «determinantes«. La Cámara, que ha incorporado a su pleno nuevas empresas vinculadas a la actividad portuaria, quiere tener voz en un proceso que puede redefinir la relación entre la ciudad, la ría y el suelo industrial disponible.
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La partida forma parte de un plan inversor global de 105,2 millones de euros para el periodo 2026-2030 y deberá incorporarse tanto a los presupuestos de la Autoridad Portuaria como a los de Puertos del Estado. El Puerto y Sepides, propietaria de los terrenos, siguen negociando el precio de adquisición, mientras que tampoco hay otras ofertas sobre la mesa tras el abandono del interés inicial mostrado por Indra. En la misma reunión, el consejo de administración concedió a Windar Renovables una prórroga de un año para ejecutar su proyecto industrial en las antiguas naves de Alcoa y denegó a Chemastur una ampliación concesional «por su inviabilidad económica«, otorgándole 18 meses para realizar «un correcto cese de actividad».
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