ZARAGOZA 13 mar. (EUROPA PRESS)-

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal afincada principalmente en la provincia de Zaragoza dedicada, presuntamente, a facilitar documentación falsa a inmigrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en nuestro país.

La red, que contaba con miembros especializados dedicados a la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, habría beneficiado a más de 5.000 inmigrantes con su actividad ilícita. La operación policial, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ha concluido con la detención de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1), entre las que se encuentran los principales responsables de la red criminal.

La investigación policial se inició tras detectar un aumento significativo de las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal realizadas por ciudadanos irregulares de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación no auténtica, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.

Las numerosas investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron confirmar la existencia de una organización criminal internacional con sede en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, aunque con sucursales en otras provincias como Alicante, Murcia y Huesca. Esta red se dedica a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y orientarles en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para conseguirlo, la organización recurrió sistemáticamente a la falsificación de documentos imprescindibles para la presentación de solicitudes.

La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y reclutar a ciudadanos extranjeros ya radicados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. A estas personas se les ofreció la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, inscripciones obtenidas a distancia, apertura de cuentas bancarias y obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de requisitos legales.

FALSAS INSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE TRABAJO

Para realizar inscripciones fraudulentas utilizaban diversos métodos, desde la presentación de documentos de identidad y autorizaciones falsificadas de los titulares de los domicilios donde estaban inscritos, hasta el conocido método denominado «look-a-like», mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico con la persona a inscribir, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español.

Para ello, los integrantes de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena -incluidos pasaportes- recibiendo montos económicos adicionales por dicha actividad. Asimismo, se detectó la existencia de empresas fantasma utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos de trabajo inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que fueron canceladas a los pocos días, con el único fin de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

MÁS DE 5.000 MIGRANTES

Los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaron entre 600 y 900 euros por la obtención de un registro fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los inmigrantes y la entrega de la documentación asociada.

Se estima que desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido la documentación necesaria para iniciar los trámites de regularización en España superaría los 5.000.

Durante la operación policial fueron detenidas 61 personas de origen español, argelino y marroquí. Del total de detenidos, 18 son integrantes de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar. Asimismo, se ha llevado a cabo el allanamiento y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se ha incautado dinero en efectivo, documentos falsos, así como diversa documentación relacionada con los hechos narrados. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

ENTRADA A PRISIÓN

El cabecilla de esta trama, al que se imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsificación de documentos, es también responsable de un albergue ilegal en el Parque Roma, de la capital aragonesa, que fue desalojado en mayo de 2025.

Luego de ser detenido en este operativo y luego de acudir ante la autoridad judicial, ingresó a prisión.

COLABORACIÓN

Para el desmantelamiento de la organización criminal ha sido fundamental la estrecha y continua colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención permitió dotar a las unidades de investigación de todos los medios materiales y documentales necesarios para el correcto desarrollo de las diligencias policiales.

Gracias a esta cooperación institucional se ha agilizado significativamente la obtención de información relevante, así como la localización, identificación y posterior detección de todas las personas presuntamente implicadas en la trama criminal investigada.

La coordinación entre los servicios municipales y los equipos policiales especializados fue un elemento determinante para asegurar la efectividad operativa, garantizar la integridad de la investigación y permitir la completa neutralización de la estructura criminal objeto de la acción.