En los últimos años, el compromiso estratégico con la transformación sostenible ha sido un aumento en la producción normativa en torno a problemas de gobernanza ambientales, sociales y sin precedentes. Según los datos del libro de ESG, las regulaciones de sostenibilidad crecieron un 155% en todo el mundo durante la última década.

CSRD, CS3D, CBAM, EUDR … La lista de acrónimos de directivas, regulaciones y requisitos vinculados a la sostenibilidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto es así, que la propia Comisión Europea ha establecido como una de sus prioridades estratégicas, la racionalización normativa, por temor a que la carga regulatoria en exceso pueda ser un freno para las empresas europeas en un contexto de proteccionismo económico y guerras comerciales. Esto, en última instancia, se ha cristalizado en el lanzamiento de la estrategia Compass Compass, anunciada a principios de año.

La simplificación regulatoria promovida por el ejecutivo de la comunidad no significa que los objetivos climáticos o sociales se relajen en los países. De hecho, en España, recientemente se han publicado varios estándares de gestión ambiental, como el relacionado con el registro de la huella de carbono, la ley de desperdicio de alimentos o las regulaciones sobre envases y desechos de envases. También social y de gobierno, como la obligación de implementar un plan LGTBI para empresas de más de 50 empleados o la ley planificada de la democracia en la empresa.

Cuando se habla del trabajo de las empresas en la transformación sostenible de la economía, un factor que generalmente se pasa por alto es que las PYME representan el 99.8% de la tela comercial española y apoyan dos de cada tres empleos en el país. A pesar de su importante papel en la transición, según los datos del «Observatorio de sostenibilidad en las PYME 2024», desarrollado por FinalsP en colaboración con Cepyme, aproximadamente el 80% de las PYME afirman asumir costos muy altos para integrar factores de sostenibilidad. Esta es la razón por la cual se lanzó un repositorio de regulación desde FinalsP para ayudar a las empresas a identificar y monitorear el desarrollo regulatorio en problemas de sostenibilidad, lo que facilita el cumplimiento.

Las PYME españoles están comprometidas con la sostenibilidad. Según los datos de dicho observatorio, tres de cada cuatro consideran la prioridad para hacer esfuerzos a este respecto, pero existe una desconexión entre la intención y la capacidad de actuar debido a factores limitantes.

La sociedad española debe asegurarse de que el motor de la economía nacional, pequeñas y medianas empresas, no se retrase en la transición a una economía sostenible. Y para esto, es esencial que tanto el público como el sector privado trabajen juntos para proporcionar los recursos y el apoyo necesarios.