Hoy en día, muchos trabajadores desconocen qué derechos tienen realmente cuando firman un contrato de trabajoespecialmente en lo que respecta a su duración y estabilidad laboral. La confusión es común en situaciones en las que una persona encadena Contrata por años o desempeña funciones de manera continua sin tener un puesto permanente. en la administración o en la empresa. Esta falta de claridad hace que, en algunos casos, los empleados con décadas de servicio no tengan las mismas garantías que aquellos que han accedido a un puesto a través de un proceso de selección ordinario.

Él Estatuto de los Trabajadores Intenta aclarar estas situaciones. El artículo 15 establece que el contrato de trabajo puede ser indefinido o de duración determinada, pero también fija límites a la temporalidad y regula los casos en los que un trabajador debe adquirir una relación laboral más estable. Por su parte, el artículo 16 regula el contrato fijo discontinuo, modalidad diseñada para «la realización de empleos de carácter estacional o vinculados a actividades productivas estacionales«, según se aclara dentro del marco legal. Por lo tanto, esta figura permite mantener la relación laboral indefinida incluso si el trabajo se realiza sólo en campañas o períodos específicos.

En este contexto, surge el caso de un trabajador del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que fue despedido tras más de tres décadas de servicio. El empleado, que, en concreto, llevaba 32 años trabajando en el consistorio, se encontraba de baja laboral tras sufrir un ictus cuando recibió la notificación de la rescisión de su contrato. La razón fue que no había pasó el proceso selectivo convocado para estabilizar el cargo que ocupaba. Aunque el tribunal consideró que el despido se ajustaba a derecho, también determinó que el trabajador tenía derecho a una indemnización de algo más de 32.000 euros.

Cronología del caso: desde 1992 trabajando en el mismo lugar

La relación laboral de este empleado se inició en mayo de 1992, cuando entró a trabajar en el Ayuntamiento. Con el paso del tiempo, su situación fue objeto de litigio y en 2017 una sentencia judicial declaró que se había producido un traslado ilegal de trabajadores, por lo que pasó a ser considerado personal indefinido y no permanente del consistorio. Años después, en mayo de 2022, el Ayuntamiento aprobó una oferta extraordinaria de empleo público encaminada a estabilizar la temporalidad en la administración, incluido el puesto que ocupa este trabajador.

El Ayuntamiento rescinde su contrato por no tener titulación

El empleado presentó su solicitud para participar en el proceso de selección, pero fue excluido por no contar con las calificaciones requeridas para el puesto. Aunque se quejó de esa decisión, finalmente el lugar fue adjudicado a otro candidato. El 28 de diciembre de 2024 el Ayuntamiento le informó de la rescisión de su contrato por no haber superado el proceso de selección. Cabe señalar que, en el preciso momento en que recibió el aviso de despido, el trabajador se encontraba de baja por enfermedad luego de haber sufrido un derrame cerebral aproximadamente un mes antes.

El tribunal aprueba el despido pero exige una indemnización

El trabajador decidió impugnar judicialmente el despido para que fuera declarado nulo o improcedente, pero el Juzgado de lo Social número 10 concluyó que no hubo despido, sino una extinción válida del contrato porque el puesto había sido cubierto conforme a la normativa. Sin embargo, el tribunal también determinó que debería recibir una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, que ascendieron a 32.630,40 euros más intereses. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó posteriormente esta decisión y recordó la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a una retribución económica en los casos que cumplen estas condiciones específicas.