CÁDIZ 15 de abril (PRENSA EUROPA)-

La Policía Nacional ha detenido a un empresario propietario de varios establecimientos de comida rápida tipo kebab en cuatro municipios de la provincia de Cádiz acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración irregular.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el detenido exigía entre 6.000 y 8.000 euros a inmigrantes en situación irregular a cambio de facilitarles la instalación en España y un contrato de trabajo con el objetivo de obtener la regularización administrativa.

La operación denominada ‘Naturke’ se inició el pasado mes de enero tras diversas inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida tipo kebab situados en las localidades de El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del investigado.

Durante las inspecciones, los agentes localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen paquistaní en situación irregular que se encontraban trabajando en los establecimientos y fueron detenidos por vulnerar la Ley de Extranjería, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.

La investigación confirmó que los trabajadores fueron sometidos a condiciones de explotación laboral, siendo obligados a trabajar jornadas abusivas sin días de descanso, bajo control constante a través de cámaras de vigilancia instaladas en el local.

Además, se constató que sufrieron «tratos degradantes, con continuos insultos y amenazas, percibiendo salarios muy inferiores a los legalmente establecidos» aprovechando su situación de vulnerabilidad al encontrarse en una situación administrativa irregular en España.

34 EXTRANJEROS REGISTRADOS EN DOS HOGARES

Paralelamente, los agentes investigaron al empresario por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular, ya que había registrado, tanto activos como históricos, a 34 ciudadanos extranjeros en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin que residieran realmente en ellas.

Según la Policía, esta práctica tenía por objeto facilitar el asentamiento necesario para su regularización administrativa en España, presuntamente a cambio de dinero o mediante explotación laboral en los citados establecimientos.

Asimismo, la investigación detectó que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados, a pesar de encontrarse en situación regular, estaban dados de alta en la Seguridad Social en los negocios de los investigados sin desarrollar actividad laboral efectiva. Además, otros ciudadanos en situación irregular trabajaban en el local sin estar registrados.

Las cantidades económicas que exige el investigado a cambio de facilitarle su instalación en España y un contrato de trabajo, con el objetivo de obtener la regularización administrativa, oscilarían entre los 6.000 y los 8.000 euros. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones.