MADRID, 18 de marzo (EUROPA PRESS)-

La Policía Nacional ha desmantelado una red formada por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. Los agentes han detenido a doce personas e investigado a otras nueve en una operación llevada a cabo entre Sevilla, León, Madrid y Murcia.

Tal y como ha informado el Cuerpo este miércoles en un comunicado, el grupo criminal -integrado por 21 personas con distintos grados de implicación y responsabilidad- utilizó un complejo entramado de empresas y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y entorpecer la labor de la Administración.

La operación policial se desarrolló en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, detectándose conexiones en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, doce personas fueron detenidas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve permanecen bajo investigación a la espera de que se determine su grado de responsabilidad.

Todos ellos implicados en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de ejecución y pertenencia a grupo criminal. En concreto, entre los presuntos delitos que fueron investigados se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.

LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ EN SEPTIEMBRE DE 2022

Tras un análisis «exhaustivo» de toda la documentación recabada -que incluía registros fiscales, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias-, los agentes lograron determinar la participación de los implicados en al menos 38 empresas diferentes. Este entramado empresarial habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.

La investigación -que se desarrolla de forma ininterrumpida desde septiembre de 2022 y culminó a finales de enero- tuvo su origen tras una información recibida por la Policía que alertaba de posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de transferencia de empresa como en los meses posteriores a la operación.