La policía canaria detiene a tres exempleados de un centro de menores inmigrantes no acompañadoschicos que llegan en cayuco a la costa canaria. El centro de intervención está ubicado en Puerto de la Cruz, Tenerife. Actualmente hay alrededor de 130 mineros y está gestionado por la ONG Quorum Social 77.

El juez encargado del caso, del Juzgado número 3 de violencia contra la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Desde mayo pasado se encuentra abierta una investigación por presuntos delitos de injurias, odio y amenazas. Quorum 77 es una organización responsable de albergar y apoyar a menores migrantes.

Algunos antiguos trabajadores de los centros de esta ONG contaron a un equipo de Antena 3 Noticias que tenían que ser duros y violentos con los niños. Que usaron la violencia con los que se rebelaron. «Algunas veces se contrató personal no calificadoque no tenían el perfil adecuado para atender a estos niños”, nos cuenta Sergio, ex trabajador.

Niños y niñas que estaban bajo la supervisión y cuidado de “gorilas de discoteca”.

“Operación Cabila”

Esta es la cuarta intervención realizada y está sujeta a secreto de sumario.

Estos detenidos, al igual que los investigados anteriormente, son sospechosos de delitos contra la integridad moral, odio, coacción y contra la libertad. El tribunal acordó realizar las diligencias policiales necesarias para asegurar las pruebas y los teléfonos móviles. Fueron liberados mientras esperaban la custodia.

La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, aseguró que “el centro sigue funcionando con normalidad, que las personas indicadas ya no trabajan allí y que los menores afirman que la situación ha mejorado desde que estos trabajadores fueron separados”. Rodríguez ha descartado, de momento, romper contratos con Quórum 77.

Actualmente, El Gobierno de Canarias protege a 3.635 menores en las islasincluyendo 373 en la península. Un total de 85 centros repartidos por todo el archipiélago. Entre 2023 y 2025, Quorum Social 77 recibió más de 150 millones de euros en fondos públicos. Era responsable del cuidado de más de 2.000 menores inmigrantes no acompañados.

Otros registros y detenciones

En mayo de 2025, el juzgado cerró y precintó el centro para menores inmigrantes no acompañados Fortaleza I, en Santa Brígida (Gran Canaria), teniendo en cuenta los numerosos testimonios y pruebas recibidas sobre la presunta comisión de delitos de injuria, odio, omisión del deber de prevenir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. En julio, la policía de Canarias cerró un segundo centro en la isla, en la localidad de Arinaga, y detuvo a nueve trabajadores.

También se ha registrado otro centro en Fuerteventura.

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