Los españoles asienten estupefactos ante una carga sin precedentes de propaganda y ataques a las instituciones. Desde hace semanas, informes de medios oficialistas y comentarios del ejecutivo se han centrado en crear un ambiente de presión contra la Corte Suprema que va desde la sugerencia de prevaricación preventiva, antes de que se falle algo, hasta la amenaza directa a jueces designados abiertamente en los medios.

Se ha llegado al nivel máximo de aberración al contemplar que se da por sentado que las declaraciones de periodistas de medios afines al gobierno, que no aportan pruebas de lo que declaran, deben ser consideradas como verdades y pruebas incontestables. Los periodistas afirman descaradamente que “centenares” de personas tenían los correos electrónicos de un particular con Hacienda y no pasa nada. Lo afirman sin presentar pruebas y tampoco pasa nada. Los medios y el propio ejecutivo repiten insistentemente que no hay pruebas, que la UCO o desmonta las pruebas, cuando sólo emite informes técnicos, o investiga al fiscal general por presunta parcialidad. Todo vale.

En un reportaje de RTVE del Instituto Juan de Mariana se constata un brutal sesgo a favor del Gobierno y la izquierda. Las menciones negativas al PP (41,6%) y a Vox (45,3%) son dos veces más frecuentes que las del Gobierno (23,1%) en los informativos estudiados. Asimismo, las intervenciones de miembros del Gobierno o de los partidos políticos que lo apoyan ascienden al 61,2%, frente al 20,3% concedido a la oposición, existiendo también un diferencial en la duración de dichas intervenciones (12 segundos de media en el caso de la izquierda, 6 en el de la derecha). En los bloques informativos que hacen referencia al Gobierno y sus fuerzas aliadas, el tono crítico representa el 21,4% de la emisión, frente al 56,2% que se observa cuando se habla del PP o Vox.

En los 119 segmentos donde se formula algún tipo de atribución causal detrás de un problema o crisis, vemos cómo las alusiones a temas sensibles para el gobierno son abordados en el 68,9% de los casos haciendo referencia a factores externos: “contexto internacional”, “crisis energética global”, “emergencia climática”, etc.; Por otro lado, sólo un 14,4% vincula la responsabilidad de lo sucedido a la actuación de la Administración. Por el contrario, cuando la polémica afecta al PP o a Vox, el 72,3% se responsabiliza de lo ocurrido a dichas formaciones y sólo se mencionan factores externos en el 9,6% de los casos, según el estudio.

Esta misma semana, la exministra de Economía del gobierno ha afirmado en unas memorias, abiertamente, que «cuando me enteré de que el INE había revisado el PIB para 2023 y 2024, eso no podía pasar sin pena ni gloria», tras admitir, sin lugar a dudas, que se dedicó a interferir en el trabajo de un organismo independiente de enorme prestigio como el INE. La Asociación de Altos Estadísticos del Estado se ha visto obligada a hacer una segunda declaración en menos de cuatro años advirtiendo sobre la interferencia del gobierno. «Estos intentos de interferir en el poder político no han logrado sus objetivos en el INE, pero pueden causar un daño enorme a la institución y a la credibilidad de sus estadísticas, sobre todo porque han sido expuestos abiertamente por alguien que hoy ocupa un cargo de tanta importancia como la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. No se puede ignorar que todo esto ocurre en un contexto de creciente descrédito social de otras instituciones del Estado», afirma la AESE.

Justicia, prensa e instituciones independientes. Lo que hizo Calviño no es un error, es la evidencia de un ejecutivo que se considera impune y cruza todas las líneas rojas.

Ya nadie se sorprende cuando los medios de comunicación cercanos al gobierno señalan con el dedo a periodistas y jueces, celebran juicios paralelos, recurren al difamación y se atreven a dictar sentencia antes de que lo hagan los tribunales. Ya nadie se sorprende al saber que el Ministro de Economía presiona al ente estadístico para que refleje los datos que le interesan.

Esto no se hace por casualidad, sino por estrategia. Derribar las instituciones e introducir el veto, el miedo y la cancelación de los disidentes es un ejercicio de totalitarismo que busca perpetuarse en el poder a toda costa y sin contrapesos y, lo más importante, intimidar al ciudadano libre y a la sociedad civil ante la amenaza, nada velada, de represalias y consecuencias profesionales.

El ejecutivo aprueba miles de millones de gastos cada semana sin espacio presupuestario y no pasa nada. Los portavoces del gobierno se pasan días difamando a cualquier miembro de la oposición y no pasa nada. A los dirigentes de la oposición se les llama “asesinos” y “criminales” y cualquier error del gobierno es culpa de esa misma oposición, del cambio climático o de Trump, y no pasa nada. Los partidos de ultraizquierda señalan a policías y atacan a la fuerza por defender a los ciudadanos y no pasa nada. Los españoles desayunamos todos los días con un medio de comunicación desollando a un juez o a un periodista y no pasa nada. Le vuelan la cara a un periodista y el abyecto líder de la ultraizquierda antisemita insinúa que es un informante de la policía y no pasa nada. El presidente hace un “Hola presidente” chavista de vez en cuando y no pasa nada.

Si eres cercano al gobierno, pensarás que todo esto es genial porque así tu gente gana y tu bando se hace más fuerte. Tengo malas noticias. Cuando defiendes el desmantelamiento institucional y apoyas la deriva autoritaria del gobierno esperando beneficiarte como comisario político o votante, llegan las purgas y el colapso de tus opciones como ciudadano libre.

Los economistas que apoyaron y respaldaron a Calviño en su intento de asalto al INE pensarán que eso les hace bien, pero no han conseguido nada y, además, a cambio de unas míseras monedas de agradecimiento. Los periodistas que guardan silencio ante la acusación contra sus colegas o la difunden, que se entregan a difamar al disidente, no sólo no han conseguido nada, sino que han perdido.

La buena noticia es que España tiene instituciones mucho más fuertes de lo que podríamos esperar y que, gracias a los jueces, las fuerzas de seguridad, los héroes de la prensa libre y los economistas independientes, la verdad sale a la luz a pesar de la propaganda.

El viernes una persona me dijo que la propaganda es incesante y asfixiante. Es cierto, pero la razón por la que el gobierno debe entregarse en cuerpo y alma a la propaganda es porque no perdura.

El único consuelo que nos queda ante las tristes evidencias del ascenso de estos aspirantes a comisarios políticos, propagandistas e informantes al servicio del sanchismo depredador es que son muy, muy baratos.

Si cree que demoler instituciones independientes es bueno porque lo hace su gente, piénselo de nuevo, porque ellos también vendrán inmediatamente a por usted. La razón por la que queremos instituciones independientes y una prensa libre es precisamente para que sean estrictas y rigurosas con el poder, ya esté en manos de nuestro partido o de otro. Un país donde los medios, la justicia y las instituciones están al servicio del gobierno es un país fallido. No dejes en paz a España.