Yolanda Díaz vuelve a encarnar la figura del bombero pirómano. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Trabajo ha metido de cabeza a España en la lista negra de países que incumplen gravemente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convirtiendo a nuestro país en el único Estado de la Unión Europea en ese catálogo de vergüenza, y al mismo tiempo alimentado en Ginebra (Suiza), durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada la semana pasada, su candidatura para liderar y salvar la organización. Una aspirante al trono que llega con su reino en llamas pero con la promesa de apagar los fuegos de la OIT.

La lista corta de incumplidores de la OIT –el organismo de Naciones Unidas que debe proteger el trabajo digno y los derechos laborales– es, en el ecosistema regulatorio laboral internacional, lo más parecido a una sentencia con nombre y apellido. Cada año, la Conferencia Internacional del Trabajo reúne a gobiernos, empleadores y sindicatos de todo el mundo y elige Los países que menos respetan los derechos laborales exigirán medidas correctivas.. En primer lugar, hay una lista larga, un registro donde conviven decenas de naciones con problemas laborales de diversa índole. Pero pasar de esa larga lista a la corta -que este año incluye a 23 países- es un hito de vergüenza, una señal de alarma.

Francia estaba en la larga lista, pero España se ha convertido rápidamente en el único país de la Unión Europea y la única gran economía, ccompartiendo filas con Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Eritrea, Rusia, Filipinas, IrakKirguistán, Liberia, Libia, Mali, Nigeria, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Siria, Laos, Sudáfrica, Togo, Turkmenistán, Uruguay, Uzbekistán y Yemensegún el listado al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Una geografía de regímenes autoritarios, estados fallidos y economías con democracias debilitadas, en la que España aparece como un cuerpo extraño y, al mismo tiempo, como un espejo incómodo de lo que sucede en el Ministerio de Trabajo.

España se ha ganado su puesto en esta lista negra porquer violar el Convenio 144 de la OIT, lo que requiere «consultas efectivas entre representantes del gobierno, empleadores y trabajadores sobre asuntos relacionados con las actividades de la OIT». En Paladín Romano: Un verdadero diálogo social tripartito, no una consulta simulada. que se convoca cuando la norma ya ha sido redactada sin tener en cuenta la opinión de los empresarios, como viene sucediendo en España en los últimos años. No es la primera vez que España llega a este extremo. En 2024, el país ya se había sumado a esa misma lista negra por el mismo motivo. No hay soluciones, hay reincidencia.

La inclusión en la lista se produce tras valorar numerosas quejas recibidas por la OIT contra el Ministerio de Trabajo español por este motivo. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT señala, en el caso de España, que «persisten las preocupaciones sobre si las consultas previstas en el Convenio se realizan de forma que se garantice un diálogo social efectivo». Por ello, pide al Gobierno español que «adopte medidas para garantizar que las consultas sean suficientemente oportunas, efectivas y significativas».

Los números ilustran la magnitud del problema. A partir de 2022cuando se levantó la vigilancia exhaustiva de la Unión Europea para cumplir con los hitos regulatorios vinculados a la recuperación pospandemia, El Ministerio de Trabajo acumula 61 cambios en las normas que regulan las relaciones laborales, violando el diálogo tripartito, algunos de ellos de suficiente trascendencia como para modificar el Estatuto de los Trabajadores. Destacan la prioridad de los acuerdos autonómicos, la ampliación de las causas de nulidad de los despidos, la creación de permisos climáticos a costa de la empresa, así como los planes de movilidad.

El La arquitectura institucional de la OIT descansa, precisamente, en ese pilar que España está erosionando.. Es una institución tripartita en la que cada decisión, cada acuerdo, cada recomendación surge del acuerdo entre tres actores: gobiernos, sindicatos y empleadores. Esa trinidad es su razón de ser, su ADN estructural y la razón de su legitimidad. Quien dirija la OIT tendrá que ser, por definición, alguien capaz de tender puentes entre estos tres mundos, de escuchar a los empleadores así como los sindicatos, para construir consensos que trasciendan la lógica del adversario de clase.

El perfil político de Díaz apunta en una dirección radicalmente diferente. Desde que asumió el Ministerio de Trabajo, la relación entre el Gobierno y las organizaciones empresariales ha pasado de la tensión al quiebre. Cualquiera que dirija la Organización Internacional del Trabajo tiene que ser alguien que defienda el diálogo tripartito y respete el equilibrio entre los tres partidos que forman parte de la OIT, algo que no está sucediendo en España, un país democrático, como queda patente en la terna de países incumplidores. Esto debería ser suficiente para que la candidatura de Díaz no salga adelante. Sin embargo, como informó El Confidencial este fin de semana, Yolanda Díaz, apoyada por los sindicatos, se presentará como candidata para salvar la OIT.

El ministro todavía tiene tiempo. Las candidaturas deberán formalizarse antes del 31 de agosto y la elección se realizará el 16 de noviembre mediante votación secreta de la Junta Directiva de la organización. Además, el mandato de la futura directora general comenzará en octubre de 2027, fecha que permitiría a Díaz completar la actual legislatura española antes de asumir, en caso de ser elegida, su nuevo cargo internacional, ya que la titular de Trabajo ha dejado todas sus responsabilidades orgánicas en Sumar y, al final de esta legislatura, abandonará la primera línea de la política española.

El calendario es cómodo. La posición inicial, ni mucho menos.. Aunque tiene simpatías en el ámbito sindical internacional, precisamente la estructura tripartita de la OIT la obliga a reunir un apoyo mucho más amplio entre gobiernos y empleadores. La elección se decide por mayoría absoluta en sucesivas rondas eliminatorias, por lo que cualquier candidato necesita construir un consenso transversal. La estructura tripartita de la OIT requiere el apoyo de los gobiernos, sindicatos y empleadores de los 187 estados miembros. La oposición de países con gran peso político y financiero –entre ellos Estados Unidos, que también acumula impagos a la organización– podría ser letal, así como la negativa de las patronales.

La propia Díaz ha mostrado sus cartas a algunos de sus homólogos durante su visita a Ginebra para asistir a la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, donde expresó su preocupación por el complicado momento que atraviesa la organización. Díaz mantuvo una intensa agenda de contactos y reconoció públicamente su preocupación por el futuro de la OIT, que afronta una grave situación económica causado por el impago de contribuciones de varios estados.

Ante este escenario, su director general, Gilbert Houngbo -cuyo mandato finaliza el próximo año- ha propuesto una reestructuración que contempla la reducción del presupuesto y de diversos programas, además de un acercamiento a los cargos de la administración estadounidense, una iniciativa que ha generado preocupación entre los sindicatos, que buscan un nuevo líder combativo. Precisamente, Las intervenciones de Díaz resaltaron la necesidad de preservar el papel histórico de la OIT en la defensa de los derechos laborales y el diálogo social en un contexto de crecientes dificultades presupuestarias. Al mismo tiempo, miembros de la OIT debatían en otra sala sobre la inclusión de España en su lista negra. Díaz predicó, pero no con el ejemplo.