Este año se ha completado una década desde que Royal Decreto-Law 5/2015 finalizó la venta individual de derechos audiovisuales en el fútbol y estableció su marketing conjunto administrado por Laliga. Promocionado por el G-30 y respaldado en el Congreso por el Secretario de Estado Miguel Cardenal, este cambio contribuyó con la estabilidad legal, desinfectó las cuentas de la mayoría de los clubes y transformó la competencia en un producto global y competitivo.

Antes de la norma, cada club vendió sus derechos por separado, generando desigualdades extremas, la última podría cobrar hasta 13 veces menos que la primera, y la incertidumbre para poder simular los partidos entre varios operadores. A finales de los noventa, nació el G-30, bajo el eslogan «un club, un voto», con la ambición de emular el modelo de la Premier League. Gracias al refuerzo táctico del Real Madrid y el FC Barcelona (G-35), reunió el apoyo necesario para que el decreto se aprobara el 30 de abril de 2015.

El decreto otorgó a Laliga la exclusiva explotación audiovisual nacional e internacional en ciclos trienales y estableció un límite de 3.5-1 entre el mejor y peor club remunerado. Para mantener el equilibrio, introdujo un control económico pionero que le permite sancionar a cualquier asociado que exceda los límites de los costos de la plantilla o infringe sus obligaciones fiscales y sociales. Además, parte de los ingresos está destinado a ayudar a la descendencia, al deporte de las mujeres y otras disciplinas olímpicas, configurando un sistema de solidaridad.

Los ingresos agregados a los derechos de televisión pasaron de 600 millones de euros en 2014-15 (sin contar los correspondientes a Madrid y el Barça) a 2,000 millones de euros en 2023-24. Hoy, el club con el ingreso más bajo supera los 40 millones de euros, en comparación con 7 millones hace diez años, y la deuda conjunta con el Tesoro y el Seguro Social, que superó los 700 millones, se extingue prácticamente.

Después de deducir los costos de producción y marketing, los ingresos se distribuyen asignando el 90% a los clubes de la Primera División y al 10% a los de la segunda división. En el primero, el 50% se distribuye por igual entre todos los equipos, el 25% está vinculado a los méritos deportivos de las últimas cinco temporadas y el 25% restante asigna a los criterios de implementación social que evalúan la venta de boletos, audiencias de televisión y participación en proyectos sociales. Mientras tanto, en segundo lugar, el 70% está equivalente, el 15% se asigna de acuerdo con los resultados de la temporada más reciente y el 15% dedicado a la implementación social se distribuye para que dos tercios estén vinculados a la audiencia y un tercio para la venta de boletos.

Limpiar las cuentas

Entre las temporadas 2014-15 y 2023-24, la facturación de televisión creció en un 117,9 %, de 844 millones de euros a casi 1,840 millones, incluso durante la pandemia. Hoy, los ingresos de los derechos de televisión representan más del 50% del financiamiento del club y, en algunos casos, hasta el 80%. Este modelo no solo ha nivelado la competencia, sino que ha fortalecido la sostenibilidad del fútbol español.

Laliga y los clubes advierten que esta conquista debe estar protegida. Con las voces a favor del regreso para la venta individual, el objetivo conjunto es reducir el diferencial de 3.5-1 a 2-1 del primer ministro. Por lo tanto, el empleador llama para defender el sistema que profesionalizó los estadios españoles día a día, promovió la «marca de marca» y niveló a los modestos clubes con el mejor.