Jesús Pérez Rodríguez-Urrutiael asesor de Tubos recogidos quien es investigado por el presunto pago de comisiones a la trama del Caso Leire en rescatar a la empresa, presentó su renuncia este viernes.

El consejero independiente justifica su decisión en que la situación actual de la empresa, en quiebra y bajo la lupa de la Audiencia Nacional exige una intensidad en su trabajo que «es incompatible» con sus otras dedicaciones profesionales.

Fuentes cercanas a la compañía aseguran que el consejo ha admitido los motivos de Rodríguez-Urrutia sin mayores complicaciones, aunque sorprende que lo haga en uno de los peores momentos de la historia de la compañía.

La investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz sitúa a este asesor en la reunión que mantuvo con el entonces líder del PSOE, Santos Cerdán, junto al también asesor Carlos de las Heras, para intentar aplazar el pago de las ayudas que Tubos Reunidos obtuvo del Fondo de Solvencia de la SEPI.

La investigación del caso indica que esta gestión pudo haber implicado el pago de 40.000 euros en comisiones al grupo que lideró el plomero del PSOE, Leire Díaz.

Según la nota que la empresa ha publicado y ha remitido a la CNMV, El propio consejero señala que deja su cargo en el consejo “dadas las circunstancias actuales de la Sociedad con su entrada en concurso de acreedores, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una dedicación especial que resultados incompatible con mis otras responsabilidades.»

Previo informe y propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, el consejo ha acordado nombrar presidenta de la comisión de auditoría a la consejera independiente Carmen Motellón García.

Amenaza de liquidación

Se supone que no era la primera vez que la empresa de oleoductos, con plantas en Álava y Vizcayapagó comisiones a la trama de Leire García, Antxon Alonso y Vicente Fernández (exvicepresidente de la SEPI). A través del grupo Hirurok, se supone que ya pagaron más de 114.500€ en la primera subvención de rescate.

En 2021, la SEPI concedió ayudas de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos. Pero las condiciones leoninas que la organización aplicó a estos rescates (8% de interés) han desencadenado el pago de intereses en caso de incumplimiento de las amortizaciones previstas.

De hecho, fuentes empresariales sitúan esta cantidad en torno a 150 millones de euros, lo que supone que la deuda que mantiene la empresa a través del Fondo de Solvencia es prácticamente la mitad de todo el pasivo con el que se ha declarado en concurso.

Este proceso continúa su curso en paralelo a la investigación abierta en el Juzgado. Pero la implicación judicial que ahora se ha abierto complica seriamente las opciones que tiene la empresa vasca para salir de esta situación sin llegar a un acuerdo. liquidación definitiva de su patrimonio.

El administrador concursal está preparando ahora el informe económico en el que se basará un posible acuerdo de acreedores que podría salvar a la empresa. Este acuerdo supondrá una importante reducción de la deuda, pero también requiere una inversor comprometido con un plan industrial para evitar su segregación y venta por partes.