Economía y política
El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes compareció en la Comisión Constitucional del Congreso a petición propia y de varios grupos parlamentarios para hacer balance de la actividad legislativa del Gobierno y una somera evaluación de la calidad de la democracia española. Inició su intervención afirmando de manera rotunda que la democracia está cuestionada en el mundo y, no obstante, en nuestro país ha avanzado hasta situarse entre las veintitantas que tienen la consideración de plenas. Resaltó el largo periodo de vigencia que cumple la Constitución de 1978, la más duradera, y las cuatro reformas que ha tenido, dos de ellas impulsadas por el Gobierno actual. Concluyó con cifras de leyes aprobadas, votaciones parlamentarias favorables a propuesta del Ejecutivo y un resumen del plan aplicado en defensa de la democracia, inspirado en el de la Unión Europea.
[–>[–>[–>Los grupos que apoyan a la coalición se mostraron tibios y cautos en sus réplicas y los apostados en la postura de oponerse no dejaron pasar una ocasión tan propicia para lanzar contra el ministro un ataque con los reproches ya conocidos. La prensa, sin embargo, con buen criterio, destacó la frase en la que Bolaños afirmó que la misión de un gobierno es ofrecer estabilidad, sacar adelante una agenda, generar prosperidad y fortalecer el estado de bienestar. Lo demás, añadió, con el tiempo se quedará en anécdota. Con el tono algo desdeñoso empleado para decir esto último, el ministro parecía estar quitando importancia a las incidencias que han provocado polémicas y escándalos de todo tipo en lo que va de legislatura, precisamente cuando se iniciaba el juicio contra una trama de corrupción detectada en el seno del gobierno al que pertenecía.
[–> [–>[–>Por otra parte, es reciente la publicación de dos encuestas con datos que vienen directamente al caso. Según el barómetro de febrero del CIS, un porcentaje mayoritario de españoles ha empeorado su opinión sobre la Constitución y, aunque en general admiten que ha traído beneficios, una mayoría muy amplia duda de su utilidad para enfrentar los retos actuales y es partidaria de reformarla a fondo. Los derechos sociales, la forma del estado, la organización territorial, los mecanismos de control y las reglas electorales son las cuestiones a revisar. Todo lo que rodea a la política sigue siendo el problema señalado en primer lugar y ninguno de los cuatro principales líderes alcanza el aprobado. La mitad de los encuestados por 40DB estaría dispuesto a correr riesgos personales para defender la democracia, pero un 36% asumiría pocos o ninguno. Las actitudes ambiguas y absentistas, cuando no de desprecio, hacia la democracia, y en particular respecto a la nuestra, también ganan adeptos en España.
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El ministro Bolaños observa que el seguidismo de la derecha convencional, léase el PP, con la ultraderecha, que representa Vox, es la mayor amenaza para la democracia en el presente. Sorprende por ello que minusvalore el impacto del deterioro de las instituciones en la opinión pública. Ha crecido un sector entre los electores que se muestra disconforme con el funcionamiento del sistema político español, molesto por el comportamiento de los partidos, y que no oculta su frustración con los resultados, los problemas sin resolver y los asuntos pendientes. La coalición de izquierdas exhibe datos comparados de PIB, creación de empleo, previsiones halagüeñas, y así trata, por un lado, de disimular las anomalías que se suceden en las instituciones, en primerísimo lugar en el Congreso, y, por el otro, de obtener el asentimiento de los ciudadanos.
[–>[–>[–>Para que los ciudadanos lo supieran, Bolaños notificó que el Gobierno había ganado el 85% de las votaciones parlamentarias. Los portavoces de la oposición le recordaron que decenas de proyectos y proposiciones de ley están bloqueadas por los diversos ministerios y la mesa de la Cámara baja, que ordena su tramitación. Pedro Sánchez advirtió en su día que gobernaría con o sin el parlamento. Desde entonces, recurre a la buena marcha de la economía y la generosidad del gasto social como única justificación de su modo de proceder. Si el Gobierno hace lo que debe, lo correcto, y las cosas van bien, dice, qué razón hay para convocar elecciones. Cabe preguntarse en qué lugar queda la democracia en ese caso. Brindar eficacia y hechos para bien y satisfacción de todos o de una mayoría, sin entretenerse en las normas y los procedimientos a que obligan la Constitución, el Estado de derecho y los principios y valores de la democracia, es el estilo de gestión pública acorde con la filosofía política de los populismos. Unos lo ofrecen en bruto, por ejemplo Trump, y otros en una versión más sofisticada.
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