Estados Unidos impuso sanciones este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o procesar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión del Tribunal contra la apelación del Estado judío el 15 de diciembre.

«La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, sentando un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción», anunció el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

La CPI cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos abusos contra los derechos humanos en Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

En un fallo largo y técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de la Autoridad Palestina en 2018, ya cubre los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

«Estados Unidos e Israel no son partes del Estatuto de Roma y, por tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI», recuerda el comunicado publicado hoy desde Washington, tras asegurar que seguirán respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a las acciones legales «abusivas y extralimitantes» de la CPI.

Esta decisión llega en un momento especialmente delicado, y el Tribunal mantiene las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Galant.

Las anteriores sanciones impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que afectaron a tres fiscales y seis jueces, por la investigación de la CPI a Israel por sus presuntos crímenes en Palestina, ya han demostrado tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.

La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal, por negarse a detener la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina, es «un ataque flagrante contra la independencia» de la institución, y prometió seguir trabajando «con independencia e imparcialidad».

La CPI destacó que «este tipo de medidas» contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros de la corte «socavan el Estado de derecho» y advirtió que «cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que está en riesgo».

«Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial que actúa de acuerdo con el mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones», añadió, reiterando que la Corte «apoya firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables» y seguirá «cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad».

Estados Unidos, que ya sancionó este año a nueve jueces y fiscales, impuso hoy sanciones a dos jueces, Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), que formaron parte de la Sala que decidió el pasado lunes rechazar un recurso de Israel y confirmar que la Corte mantiene competencia sobre los hechos ocurridos durante y después del ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Esa Sala de Apelaciones también incluyó a Solomy Balungi Bossa (Uganda) y Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), ambas ya sancionadas por Estados Unidos en una ronda anterior.

La CPI cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Palestina, incluida Gaza, al rechazar un último recurso en el que el Estado israelí quería reactivar el principio de complementariedad, por el que reclamaría la competencia de su sistema judicial nacional sobre los presuntos crímenes, paralizando así la investigación de la CPI.

Con su decisión, el Tribunal mantiene también vigentes las órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant.

Para Estados Unidos, la CPI «ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones» y, como explicó el Secretario de Estado Marco Rubio: «No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a los ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción».

Las anteriores sanciones impuestas por la Administración Donald Trump, que afectaron a tres fiscales y seis jueces de dos investigaciones de la CPI -esta sobre Israel y otra por crímenes en Afganistán que podrían implicar a personal militar estadounidense- ya han resultó tener un fuerte impacto en las vidas de los funcionarios afectados.

En una entrevista con EFE este miércoles, el juez Ibáñez, que también está condenado a prisión por Rusia debido a la investigación de la CPI por crímenes en Ucrania, lamentó que estar en esa lista de sancionados por Washington sea poner a los jueces «en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán».

También destacó que, ante esta situación, no tiene acceso a sus tarjetas de crédito, no puede reservar hoteles, pedir un Uber ni viajar a Estados Unidos, entre otras cosas.