MADRID, 8 de noviembre (EUROPA PRESS)-

Estados Unidos se ha abstenido de participar en la prevista revisión de su historial de Derechos Humanos, el llamado Examen Periódico Universal o EPU, que debía celebrarse este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una decisión sin precedentes de Washington y en lo que supone un nuevo episodio de su prácticamente inexistente relación con la institución internacional.

Los representantes estadounidenses estuvieron ausentes de la sesión del viernes, validando así el anuncio que hicieron en agosto pasado, comunicado en su momento por la jefa del departamento EPU del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

La Administración Trump ha estado argumentando desde principios de año que no aceptará lecciones sobre responsabilidades humanitarias y que el país es, de hecho, un campeón de las libertades civiles y un ejemplo a seguir.

El Consejo, en su comunicado de reacción, acabó posponiendo la revisión al año que viene, con la esperanza de que EE.UU. acabe participando en ella en algún momento. Sin embargo, «lamentó la decisión» e instó al gobierno estadounidense a reanudar su cooperación, de conformidad con las resoluciones pertinentes.

Organizaciones como Amnistía Internacional han lamentado esta decisión, que está a punto de sentar «un precedente vergonzoso», en palabras de su directora de relaciones internacionales en Estados Unidos, Amanda Klasing.

«La Administración Trump ha intensificado su desprecio por la rendición de cuentas internacional y los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Al negarse a participar en este proceso, se ha sumado a países como Nicaragua para debilitar este mecanismo, colocando a Estados Unidos a la cabeza de la carrera hacia el abismo global en materia de Derechos Humanos», lamentó.

Amnistía aprovecha para denunciar la deriva autoritaria llevada a cabo por la segunda Administración Trump, a la que acusa de reprimir a la disidencia, criminalizar las protestas, llevar a cabo asesinatos extrajudiciales de personas en sus ataques a presuntas bandas de narcotraficantes en América Latina y el Caribe, y de desmantelar su propia estructura de derechos humanos retirando financiación a las agencias nacionales encargadas de su protección.

«La retirada del Examen Periódico Universal (EPU) encaja en un patrón más amplio de evasión, secretismo y abdicación de responsabilidad», concluyó Klasing.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también condenó el boicot. Para su director ejecutivo en California, Chandra Bhatnagar, el Gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el peor enemigo de las libertades de sus propios ciudadanos.

«Desde la discriminación y la violencia infligidas en las redadas de inmigración, hasta los ataques a la libertad de expresión de manifestantes y periodistas, hasta el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses en ausencia de una crisis, el mundo observa cómo el Gobierno de los Estados Unidos ataca los derechos constitucionales y humanos de su propio pueblo.»