Los patinetes eléctricos han supuesto una revolución en la movilidad urbana. Una alternativa práctica, económica y ecológica que prometía reducir el tráfico y las emisiones en las grandes ciudades. Sin embargo, lo que comenzó como una solución sostenible se ha convertido en una fuente constante de debate entre peatones, automovilistas y autoridades. Y la convivencia entre los distintos modos de transporte en las carreteras españolas parece cada vez más complicada.

Según un reciente estudio de Norauto y la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), el 78% de los ciudadanos estaría a favor de limitar el uso del patinete eléctrico, mientras que un abrumador 80% cree que el uso del casco debería ser obligatorio en todos los desplazamientos. Estos datos reflejan una realidad innegable: España aún no ha encontrado el equilibrio necesario para integrar estos vehículos de movilidad personal (PMV) en su red urbana de forma segura y ordenada.

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Una convivencia urbana cada vez más tensa

El auge del patinete eléctrico ha sido meteórico. En apenas cinco años ha pasado de una curiosidad tecnológica a un fenómeno de masas, especialmente entre los jóvenes y trabajadores urbanos que buscan viajes rápidos y sostenibles. Sin embargo, este crecimiento descontrolado también ha traído consecuencias negativas.

Las aceras se han convertido en un campo de batalla donde peatones, bicicletas, motocicletas y scooters compiten por el espacio. En toda España se han multiplicado las denuncias por un uso inadecuado de los patinetes eléctricos, ya sea circulando por zonas peatonales, invadiendo carriles bici o no respetando los semáforos. Según datos de la DGT, Solo en 2024 se presentaron más de 25.000 multas relacionadas con VMP, lo que demuestra la magnitud del problema.