El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular las relaciones de Gibraltar con el espacio comunitario avanza con el objetivo de eliminar la frontera física entre el Peñón y España y establecer un marco de cooperación más estable. Sin embargo, la futura aplicación del pacto, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2026, reavivó el debate sobre sus posibles efectos en el mercado del tabaco y en el comercio transfronterizo.

Diversas voces del sector alertan de que el acuerdo puede no garantizar una verdadera convergencia fiscal entre España y Gibraltar, especialmente en lo que respecta al tabaco y los productos con nicotina. La principal preocupación son las diferencias en los impuestos indirectos aplicados en los dos territorios, que podrían dar como resultado precios finales muy diferentes. En el caso del IVA, España mantiene una tasa del 21%mientras que Gibraltar planea implementar gradualmente un impuesto equivalente, conocido como “impuesto a las transacciones”, que alcanzaría el 15% en 2029. Esta diferencia de cuatro puntos porcentuales, aunque aparentemente moderada, podría tener un impacto en el precio final de determinados productos.

a esto añadir impuestos especiales sobre el tabaco. El acuerdo prevé que Gibraltar se acerque a los mínimos establecidos en la directiva europea de 2011 sobre impuestos al tabaco. Estos mínimos son, sin embargo, inferiores a los niveles efectivos que aplica actualmente España. El debate también se está intensificando porque la Unión Europea está revisando actualmente esta directiva para fortalecer los niveles mínimos de impuestos al tabaco. La propuesta de la Comisión Europea propone aumentos significativos en varias categorías, superando en algunos casos el 200%, incluso el 1.000%. De aprobarse la nueva normativa, el acuerdo con Gibraltar podría quedar obsoleto porque se basa en una referencia previa y no prevé un mecanismo de actualización automática.

Otro elemento que genera incertidumbre es el tratamiento de los productos denominados alternativos, como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina. Estos productos no están totalmente cubiertos por la directiva en la que se basa el acuerdo, lo que podría abrir la puerta a diferencias fiscales aún mayores. El texto del pacto incluye una norma destinada a limitar las diferencias en los precios de los cigarrillos, con un máximo de 80 céntimos por cajetilla, o el 15% del precio. Sin embargo, esta medida sólo se aplica a este producto específico, por lo que la diferencia podría trasladarse a otras categorías.

Para el sector minorista, particularmente en zonas cercanas al Campo de Gibraltar, la combinación de fronteras abiertas y diferencias fiscales podría reactivar la dinámica del contrabando que ya han ocurrido en el pasado. Algunas estimaciones sugieren que el mercado de cigarrillos ilegales podría crecer significativamente, con las consiguientes consecuencias para los ingresos públicos y la actividad de las empresas legales.

Mientras continúan las negociaciones y el desarrollo regulatorio del acuerdo, el debate sobre su impacto económico y fiscal permanece abierto. Las autoridades y los distintos actores del sector coinciden en que el desafío será encontrar un equilibrio que facilite la movilidad y la cooperación sin generar distorsiones en el mercado.

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