El Algarrobico abre una guerra política entre Gobierno y Junta tras 19 años con la mole de cemento en pie
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, llevó como anuncio estrella al debate de la comunidad en 2020 que su Gobierno incluiría una partida en el Presupuesto para el derribo del Algarrobico, esa mole de cemento símbolo de los desmanes urbanísticos en la costa española que lleva 19 años en los tribunales. Tres años más tarde, en 2023, Moreno de nuevo, en su mensaje de Navidad desde Doñana, abogó por un nuevo pacto de Estado para la demolición del hotel almeriense de Carboneras.
Ya en 2011, con los socialistas en la Junta y el Gobierno, con José Antonio Griñán como presidente andaluz y Rosa Aguilar como ministra de Medio Ambiente, se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones. El convenio acordaba y repartía los papeles y los costes para demoler el edificio. Básicamente el Gobierno de la nación se encargaba de la piqueta y la Junta de la restauración y recuperación medioambiental. Ese acuerdo con el Ministerio sigue en vigor. El Algarrobico nunca ha sido objeto de guerra política entre la Junta y el Gobierno, hasta ayer. Nadie públicamente puede oponerse a que la piqueta entre de una vez en semejante adefesio. Solo se opone el ayuntamiento de Carboneras, que un alcalde tras otro, del PSOE y del PP, el de ahora es de Cs, ignoran la orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de anular la licencia que se dio en su momento a la constructora Azata para levantar el macrohotel. Una parte del pueblo sigue queriendo que el hotel abra.
El anuncio estrella de la vicepresidenta María Jesús Montero desde Carboneras este lunes ha sentado muy mal al Gobierno de Moreno, que lo entiende como «una deslealtad» y casi como una declaración de guerra. Montero contraprogramó un gran anuncio que el presidente del Gobierno andaluz llevaba ultimando con su equipo dos semanas. La compra de una nueva finca en la linde del Parque Nacional que permitirá ampliar los humedales de Doñana y que «es mucho más importante», destacaban desde su gabinete, que el anuncio del Algarrobico. Montero ganó la guerra mediática, copó todas las noticias en radios y televisiones nacionales muy por encima de la compra de esas 1.134 hectáreas, por seis millones de euros, para unir a la reserva natural que quedó sepultada bajo el titular de que el Gobierno comprará y expropiará el Algarrobico en cinco meses.
Algo más que un ataque de celos
¿Y si las dos administraciones quieren lo mismo por qué se van a echar a pelear? ¿Sólo por un ataque de celos de Moreno con Montero? La cosa tiene mucha más enjundia. La Junta de Andalucía asegura que tiene disponible una partida en su Presupuesto de 2025 de un millón de euros que puede elevar a 10 millones si se acuerda el derribo por la vía más rápida, en vez de expropiar los terrenos, lo que considera que abriría otro litigio judicial largo e interminable. Exige que el ayuntamiento de Carboneras anule la licencia del hotel y entre de manera rápida la piqueta.
La mole de cemento sobre la playa de Carboneras, justo cuando una curva abre la mirada a maravillosas vistas sobre el mar y un cartel da la bienvenida al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, sigue ahí. Las obras se paralizaron en 2006, con una primera sentencia en su contra en los juzgados de Almería. En la campaña de las autonómicas de 2008 ya se prometía su demolición inmediata. La constructora ha ido anotándose victorias, amparada por una licencia de obra que concedió el ayuntamiento, dando legalidad a las obras, junto a un dictamen favorable de la Junta de Andalucía. El TSJA ya ha dado un ultimátum al ayuntamiento, que ignora que tiene que anular la licencia, aunque está obligado por sentencia en 2021. ¿Seguiremos así eternamente? ¿Si el ayuntamiento no acata, no lo ha hecho en tres años, no se moverá ficha?
El acta de la última reunión
El Gobierno andaluz advierte de que en la última reunión de la Comisión Mixta creada para la recuperación de la playa del Algarrobico, celebrada el 11 de marzo de 2024, las dos administraciones estaban de acuerdo en que la vía más rápida era la nulidad de la licencia otorgada en su momento por el Ayuntamiento. La directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica «agradece la información clara y detallada» recibida por la Junta de Andalucía y «coincide en la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística», según figura en el acta a la que ha tenido acceso este periódico. A eso se va a aferrar la Junta, que recuerda además que hasta marzo preside esa comisión mixta, después le tocará al Estado, y que no piensa mover ficha ni convocar nada. ¿Entenderán los andaluces que el derribo del Algarrobico sea motivo de guerra política? Eso ya es otro capítulo. De momento Moreno no piensa dejar que Montero se apunte ese tanto político. La pelea por la agenda verde, más allá de la financiación, está servida.
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