El Ayuntamiento de Avilés sabe gestionarse y optimizar recursos
«Gozamos de plena autonomía como Administración, que comprende la capacidad organizativa, financiera, patrimonial y política para dictar ordenanzas y gestionar servicios públicos siempre dentro del marco legal», ha defendido este viernes, la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, donde compareció este viernes tras negarse a hacer ante ante la Junta General del Principado para dar cuenta de las observaciones hechas por la Sindicatura de Cuentas sobre los presupuestos de 2022.
[–>[–>[–>Su comparecencia se produce tras haber declinado una petición del PP para que diera explicaciones sobre el informe del órgano fiscalizador con observaciones y salvedades sobre algunos puntos. La regidora manifestó que tuvo la certeza de que no existía ninguna obligación de comparecer y por ese motivo no asistió ni accedió a la petición del grupo parlamentario popular, tras haber sido citada hasta en dos ocasiones.
[–> [–>[–>Monteserín tildó de «pérdida de peso político» que desde los grupos de la oposición se esté mirando si los registros contables «están de una manera u otra», pues el Ayuntamiento de Avilés «sabe gestionarse, optimizar recursos y da cuenta de todo ello ante los avilesinos», proclamó en una sesión plenaria que se alargó cerca de seis horas y media a cuenta de la treintena de ruegos e interpelaciones contemplados en el orden del día.
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La regidora tuvo tiempo de desgranar los aspectos que fueron objeto de observaciones de la Sindicatura de Cuentas e indicó que ese informe aporta «una opinión financiera favorable con salvedades» con recomendaciones de hacer ciertos ajustes contables «que se han tenido en cuenta». Entre esas áreas susceptibles de mejoras técnicas están el catálogo del patrimonio, la reducción de la temporalidad de la plantilla o la consolidación de un plan de subvenciones, junto a otras con las que el Ayuntamiento está de acuerdo hasta el punto de no haber presentado ninguna alegación al informe síndico, sino que implementó esas correcciones. Por ello, lanzó como aviso a los grupos de la oposición, principalmente a la bancada del PP: «No nos metamos en misiones que no nos corresponden, nosotros cumpliremos pero no nos corresponde estar con la lupa», planteó en alusión al empeño fiscalizador de los populares.
[–>[–>[–>Esther Llamazares, en un momento del pleno / Miki López
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En su turno de réplica, la portavoz del PP, Esther Llamazares, subrayó que la de este viernes no era una comparecencia voluntaria de la Alcaldesa, «sino forzada» tras haber «ninguneado» a la Junta General del Principado «confirmando primero asistencia, luego cambiándola y después dejándoles planteados», expuso la también diputada nacional. «No es cierto que no acudiera a la Junta por entender que no tenía obligación, yaque primero sí aceptó y luego declinó ir», aseveró Llamazares quien recordó, entre otras apreciaciones, que en el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 2022 se desliza que «el 48% del personal no se sabe cómo entró en el Ayuntamiento de Avilés».
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La edil de Hacienda, Raquel Ruiz, acusó a Llamazares de hacer «puro cine» con este asunto, «difundiendo bulos», intentando realizar otra fiscalización al Ayuntamiento de Avilés, que desde Intervención se rechazó «porque duplicaba los controles» y «generando sospechas» sin un debate real sobre la gestión municipal.
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[–>A la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, le pareció un «menosprecio a la autonomía parlamentaria» que Mariví Monteserín no acudiera a la Junta ante el «informe demoledor» de la Sindicatura e ignorando el impacto real sobre los avilesinos. «Avilés necesita una gestión adecuada, no excusas que perpetúan el caos financiero«, planteó Riola.
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Arancha Martínez Riola, con su compañera de Vox Leticia Marinero / Miki López
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La regidora recibió una defensa a ultranza de su proceder de sus socios de gobierno, de IU, la parte de Cambia que quedó con el PSOE tras la crisis del pasado año. Fue su portavoz y primer teniente de alcalde, Agustín Medina, quien esgrimió el respeto a la autonomía delos aayuntamientosque viene defendiendo Monteserín para reprochar a renglón seguido a la bancada de la derecha, tanto PP como Vox, que su objetivo con la petición de comparecencia era «embarrar y sembrar dudas» sobre la gestión municipal. «Se está solucionando casi todo», dijo Medina sobre las observaciones de la Sindicatura antes de echar mano de los titulares de prensa que dejaban al PP en mal lugar en las últimas intervenciones en plenos y comparecencias públicas. «No sé si lo más importante que tienen los asturianos para debatir en la Junta General del Principado es esto», señaló en alusión a la petición de comparecencia que formularon los populares para la Alcaldesa de Avilés.
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Agustín Medina, en el banquillo de Cambia Avilés. / Miki López
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Monteserín sí quiso dejar claro que el desfase de 18 millones de euros que se atribuía en el informe de fiscalización de 2022 fue debido a un error en el registro de elementos del patrimonio municipal como La Curtidora, el palacio de Maqua, el palacio de Camposagrado o el pabellón de La Magdalena, cedidos a otras entidades que las gestionan, y que ese hecho se está actualizando y revisando pero, aclaró, «no afecta en nada financieramente ni a la tesorería ni al presupuesto, es una cuestión técnica». «El debate debería ser cómo optimizamos ese patrimonio y lo estamos haciendo», señaló antes de referirse a las dos mil empresas que se han creado al calor del centro La Curtidora. Respecto a las altas tasas de eventualidad del personal municipal que citaba la Sindicatura de Cuentas en el informe referido a hace cuatro años, Monteserín remarcó que «está prácticamente solventada» tras un proceso «muy largo y complejo» de estabilización donde esa eventualidad se redujo a la mitad «y cuando finalice estaremos en el 8%».
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En cuanto a las subvenciones municipales, que la Sindicatura requería una mejora de las justificaciones de las mismas, la regidora señaló que esa cuestión ya está superada mediante contratos y líneas de concurrencia competitiva. «Aquí el 66% de esas ayudas son recurrentes frente a la media del 82% de otros ayuntamientos«, dijo. Fue contundente, eso sí, con el hecho de que se cuestionen los contratos menores, cuestión en la que se ha venido incidiendo, por la recurrencia a este sistema, desde las filas del PP. «En ningún caso se ha producido perjuicio», señaló Monteserín sobre el uso de esta fórmula en la que «tampoco se ha detectado ningún fraude». Por eso, agregó, «no vamos a renunciar a los contratos menores, que surgen de necesidades y de urgencias».
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Para concluir su intervención, la Alcaldesa pidió a los grupos que conforman la Corporación local «más política y menos trámites administrativos» pues, según su criterio, el reto de los ayuntamientos es «cómo ejecutar más y mejor y con transparencia nuestros presupuestos», no otros debates.
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Liquidación presupuestaria y contrato de bicis
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La sesión plenaria también sirvió para volver a debatir sobre la liquidación del presupuesto del último ejercicio, que se cerró con un nivel de ejecución del gasto superior al 86%, detalló la edil de Hacienda, Raquel Ruiz. La capacidad inversora del Ayuntamiento en 2025 pasó de los 4,8 millones del presupuesto municipal a 26,6 millones tras incorporar 21,7 millones por inversiones plurianuales correspondientes a dinero proveniente de otras administraciones, principalmente fondos europeos. Como por ejemplo, citó el Palacio Balsera, el Centro Ocupacional de Apoyo a la Integración (CAI) de La Grandiella, el Centro de Atención Diurna Intergeneracional Palacio Valdés, el Albergue de Peregrinos o la Oficina de Turismo, que se ejecutan en varios años y motivo por el cual el gasto, a diferencia del ingreso, se reparte en varios ejercicios. «No hay ningún colapso financiero. La liquidación arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 14,53 millones, una capacidad de financiación de 9,51 millones, cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto. Además, el periodo medio de pago del grupo está en 6,67 días. Es decir, el Ayuntamiento cumple las reglas fiscales, paga en tiempo y mantiene solvencia», defendió Ruiz. Desde los grupos de la oposición se tildó ese informe del ejercicio 2025 de «ininteligible» y recordaron que ni ese ni el de 2026 «es nuestro presupuesto».
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Pelayo García, concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento Urbano, se quedó solo en la sesión plenaria en la defensa del estudio de viabilidad económica-financiera relativa a la concesión del servicio de suministro, mantenimiento y gestión del sistema de préstamo de bicicletas de uso público sobre el que Llamazares estima que «corre riesgo de colapsar». García reconoció que entre 2024 y 2025 bajón un 26% los usos pasando de los 21.618 del primer ejercicio a los 15.872 del pasado año. Como primer paso para una futura licitación del servicio se planteó ese estudio de viabilidad que no convenció a los grupos municipales habida cuenta del retroceso de actividad que ha sufrido. Uno de los planteamientos para un nuevo contrato es subir de 80 a 90 el parque móvil de bicicletas con abonos anuales, por ejemplo, para un uso frecuente, de 24 euros. «Avilés no es una ciudad propicia para esto y tenemos las bicis vandalizadas constantemente», advirtió Arancha Martínez Riola. Desde las filas del PP, Esther Llamazares llamó la atención acerca de la viabilidad real del contrato por el escaso margen para la amortización y con una propuesta «carísima» para la empresa que optara por hacerse cargo.
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Parcelas lo más grandes posible para Baterías
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La pregunta del grupo municipal de Vox acerca de la consulta pública recién iniciada por Sepides para recibir manifestaciones de interés por los suelos de Baterías no cogió por sorpresa al equipo de gobierno. Manuel Campa recordó que desde el PSOE se peleó «desde el primer día para que las parcelas de Baterías fueran lo más grandes posible» dijo en alusión al cambio que implicaría vender ese suelo según la distribución actual del suelo a hacerlo como una sola unidad. «Siempre se dijo que si había un interesado en algo más grande se haría [la modificación oportuna]«, agregó el intendente de Desarrollo Económico.
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Ante las dudas planteadas sobre el precio del suelo, Campa dejó claro que si se compra sin descontaminar no se aplicarían esos costes al precio del suelo. «Habría que analizarlo», explicó. Y dejó claro que la propuesta del Puerto de Avilés para esos terrenos «no parece que se aleje de los intereses de desarrollo industrial de esta ciudad». Además, reprochó que desde las filas de Vox y PP con este asunto únicamente tenían interés en «el escándalo y el enredo». Y sobre el proceso abierto por Sepides para recabar manifestaciones de interés hasta final de mes señaló: «Vendrán y se formalizarán», sin dar más oportunidad al debate.
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Esther Llamazares expuso que en un momento en que el Puerto acaba de lanzar su plan estratégico hasta 2040 era buen momento para que desde la Autoridad Portuaria se explicasen esos planes a los grupos municipales. Se hará, zanjó Campa.
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