el vicealcalde de Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanzlo ha atacado Gobierno de Pedro Sánchezacusándolo de demagogia y hipocresía en sus políticas de vivienda social.

Esta crítica surgió en respuesta a declaraciones del portavoz de la Grupo Municipal Socialista, Reyes Marotoquien había apuntado que la capital española podría perder hasta 700 viviendas públicas hasta 2026 por la venta de 50 solares públicos por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Sanz, al comparecer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, no dudó en devolver el golpe, irónicamente sobre la actitud del PSOE y haciéndose eco de una noticia exclusiva publicada por ECONOMÍA DIGITAL.

Según la noticia, el Gobierno español ha decidido vender un solar destinado a vivienda protegida en Tarragona, en lugar de dárselo sepesla empresa pública adscrita a Ministerio de Viviendaque debería encargarse de la construcción de viviendas sociales.

«Cuando oí a Maroto hablar de las 700 viviendas, Pensé que se refería a la venta de un terreno en Tarragona a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)«, uno más de los muchos que ha ido vendiendo el Gobierno de España en los últimos años», afirmó la vicealcaldesa, con una sonrisa irónica en el rostro.

«Una vez más, la izquierda aplica la ley del embudo: lo que es bueno para ellos no es bueno para los demás«, añadió, atacando lo que percibe como un doble rasero en el discurso del PSOE sobre vivienda pública.

El caso que Inma Sanz menciona con tanto énfasis está relacionado con una trama de 1.418,89 metros cuadrados ubicados en Tarragonacuya venta fue anunciada recientemente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según los detalles revelados por Es decir, esta parcela se ofrece con una edificabilidad del 92% destinada a Vivienda de Precio Concertado (VPC), un tipo de protección oficial que, aunque más económica que la vivienda libre, no es realmente asequible para muchos ciudadanos.

En Tarragona, los precios por metro cuadrado de Los VPC superan fácilmente los 1.200 euroslo que convierte el suelo público en una fuente de rentabilidad para los promotores que adquieran la parcela, sin que esta plusvalía revierta en la creación de más viviendas sociales.

El hecho de que esta parcela no haya sido cedida a Sepes, agencia encargada de la promoción de la vivienda pública, genera enorme contradicción dentro del propio Gobierno.

Mientras que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aboga por una ampliación del parque de viviendas públicas, La Tesorería General de la Seguridad Social opta por maximizar los ingresos de la institucióna costa de vender terrenos con alto potencial social.

Esta decisión contrasta con el discurso oficial del Ejecutivo, que desde la Ley de Vivienda de 2023 afirma que está comprometido con la lucha contra la especulación inmobiliaria y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

El Ayuntamiento de Madrid aprovecha su política de vivienda

Ante esta contradicción, Inma Sanz ha destacado el trabajo de Ayuntamiento de Madriddestacando que, lejos de seguir el ejemplo del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 900 millones de euros en los últimos años para aumentar la oferta de vivienda pública.

«Somos la Administración que más está invirtiendo en vivienda pública en toda Españay eso no es lo que decimos nosotros, es lo que dicen los propios datos del Ministerio de Vivienda», afirmó el vicealcalde.

En su discurso, Sanz ha defendido la colaboración público-privada como estrategia clave para acelerar la construcción de viviendas, destacando que esta fórmula permite una mayor agilidad en la ejecución de los proyectos.

Además, destacó que la construcción de viviendas gratuitas es igualmente importanteya que contribuye a un rápido aumento de la oferta general de vivienda en la ciudad.

El vicealcalde no pasó por alto las críticas al reciente escándalo de la venta de un edificio en el centro de Madrid a un «mal, muy mal fondo buitre», que según Sanz, se destinará a viviendas de lujo «inasumibles».

La venta de esta propiedad, por un valor de 200 millones de eurosfue utilizado por el líder del PP como ejemplo de la falta de compromiso del PSOE con una verdadera vivienda asequible.

«La recaudación no se destina a vivienda pública en Madrid«Se lamentó Sanz, acusando al Gobierno de llevar a cabo una política incoherente basada en la hipocresía.

Uno de los puntos clave de las críticas del vicealcalde de Madrid fue la gestión del suelo público y la necesidad de reforzar el papel de Sepes en el desarrollo de vivienda protegida.

Sanz señaló que, en lugar de vender suelos a fondos de inversión o promotores privados, el Gobierno debería haber transferido estos suelos a Sepes, entidad que, según ella, tiene los medios para garantizar que las plusvalías generadas por el suelo público reviertan a la sociedad en forma de vivienda asequible.

El Gobierno, en contra de su propia Ley de Vivienda

El Gobierno, que ha impulsado la Ley de Vivienda para proteger el suelo público y evitar su privatización, se enfrenta a un dilema: por un lado, proclama el fin de la especulaciónpero por otro lado gestiona sus propios activos de forma contradictoria, permitiendo que parcelas con vocación social acaben en manos del sector privado.

Este tipo de decisiones podría minar la credibilidad del Ejecutivo en su lucha por la vivienda asequible y echar leña a la polémica con gobiernos regionales y locales, como el de Madrid.

Mientras tanto, en Madrid, Inma Sanz y el PP defienden su modelo de colaboración público-privada como solución para atender la creciente demanda de vivienda en la capital, al tiempo que denuncian lo que consideran una incoherencia en las políticas del Gobierno de Sánchez.