El BarMar tendrá su sede en la Costa Azul y un español será su CEO
Nuevo paso hacia el futuro hidroducto que conectará Barcelona y Marsella por mar, el conocido como BarMar. España y Portugal han creado una empresa conjunta para explotar el tubo que tendrá su sede en la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, mientras que el directivo español Francisco de la Flor será su consejero delegado, según han anunciado este jueves los promotores del proyecto, el operador del sistema gasista español, Enagás, y los operadores franceses Na Tran, antiguo GRTGaz, y Teréga.
La nueva sociedad cuenta con una participación accionarial que se distribuye a partes iguales entre ambos países: la filial de Enagás, Enagás Infraestructuras de Hidrógeno, tendrá el 50%, NaTran un 33,3% y Teréga un 16,7%. Es la misma estructura que la acordada hace un año en la firma del acuerdo de desarrollo conjunto, en el que los tres promotores decidieron por primera vez la gobernanza de la tubería, y a la que ahora se suma la creación de la sociedad, su ubicación y la elección de quién está al frente.
El que será su consejero delegado, Francisco de la Flor, está formado en ingeniería química, ciencias económicas y administración de empresas y cuenta con más de 35 años de experiencia en los sectores de la energía y el gas natural. Ha desempeñado cargos y responsabilidades diversas en áreas comerciales, técnicas, de compras, internacionales, de planificación, regulatorias y de relaciones institucionales dentro de Enagás y de otras compañías.
Actualmente, De la Flor preside el grupo de expertos en gas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de la Unión Internacional de Gas (IGU). Además, participa en el grupo internacional de importadores de gas natural licuado (GII GNL), en el Comité del Programa LNG2026 y en el Comité Asesor de Negocios e Industria para la OCDE (BIAC/OCDE). También fue presidente de Gas LNG Europe y miembro del consejo de organismos como GIE, ENTSOG, NGVA, Marcogaz y Sedigas.
Tres años después
La interconexión entre Barcelona y Marsella fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, António Costa, en octubre de 2022. El acuerdo, surgido en plena crisis energética, enterraba, así, el polémico proyecto nonato del MidCat, que aspiraba a atravesar los Pirineros cargado de gas natural, y el brevísimo planteamiento surgido tras el estallido de la guerra de Ucrania para unir Barcelona y Livorno (Italia).
Tras ese pacto político, los países promotores dieron forma al proyecto en una cumbre celebrada en diciembre de 2022 en Alicante. Ahí se conoció el diseño inicial, que resultó en una tubería submarina de unos 455 kilómetros que se utilizaría para transportar solo hidrógeno verde y que se pondría en funcionamiento en 2030. Y también su coste: unos 2.500 millones de euros. De esa cantidad, a España le corresponde asumir unos 1.000 millones de euros, el 40% del total, según concretó el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, en enero de 2024.
Y también que el BarMar formaría parte de un plan más ambicioso, bautizado como H2Med, que incluye otra interconexión, en este caso entre España y Portugal (entre las localidades de Celorico da Beira y Zamora, que se denomina CelZa), con una longitud 248 kilómetros y un coste de 350 millones de euros. CelZa contará con una capacidad máxima de transporte de 0,75 millones de toneladas de hidrógeno renovable, mientras que BarMar dispondrá de un tope de dos millones de toneladas, lo que supondría el 10% de la demanda total de hidrógeno del continente en esa fecha, según las estimaciones actuales.
El H2Med ha sido incluido dentro de la lista de Proyectos de Interés Común (PCI), lo que le otorga un estatus prioritario para solicitar fondos, realizar una planificación y concesión de permisos acelerada, obtener mejores condiciones regulatorias, menores costes administrativos y le da mayor visibilidad para los inversores. Y recibirá fondos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) para cubrir el 50% de los costes de desarrollo para la fase actual, que incluye los estudios de ingeniería y las prospecciones marinas del BarMar y las evaluaciones de impacto ambiental necesarias para el proceso de autorización por un total de 35,5 millones de euros.
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